Traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes son las causas que pesan sobre el líder opositor, Juan Guaidó. Por ninguna hay una orden judicial en su contra pero la vicepresidente de la Asamblea Nacional del régimen chavista, Iris Varela, lo quiere preso ya.
Que tenga solo prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas a raíz de los procesos legales interpuestos en 2019 por su proclamación como presidente interino le resulta insignificante a la funcionaria. En su cartera porta unas esposas de su propiedad para concretar la detención si se topa con él. Así lo afirmó en una entrevista para el canal Globovisión.
#3Feb @Gbastidas: «Cada vez que alguien diga que la ilegítima asamblea de Maduro está «promoviendo un amplio diálogo», recuerde este video.
Iris Varela muestra en TV unas esposas y amenaza con detener ella misma a @jguaido, incluso sin orden judicial» pic.twitter.com/uGg8Ru1N9F— Reporte Ya (@ReporteYa) February 3, 2021
Un plan socialista
La amenaza de la funcionaria del régimen de Nicolás Maduro tiene un trasfondo. “Ella acude a la interpretación de la flagrancia de una manera equivocada para tener un argumento, una excusa, algo desde el punto de vista político para amenazar, pero desde el punto de vista jurídico no es aplicable”, asegura José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, en entrevista con PanAm Post.
La ley es clara pero Varela la adapta a su manera. La flagrancia “consiste en una línea de tiempo muy determinada que abarca el momento en el que una persona está en los actos preparatorios para cometer un delito, en el momento que comete el hecho punible e inmediatamente después, y cuando está en fuga, tratando de alejarse del lugar. Y ese no es el escenario de Guaidó y si lo fue pasó hace dos años”.
Pero eso no importa. Su función es “provocar y abonar el camino para un objetivo político: el exilio de Guaidó, elecciones o diálogo”. Para eso es que las amenazas contribuyen, afirma el abogado a PanAm Post.
La meta es llegar a una negociación mientras se genera el fundado temor de una inminente detención que conduciría al dirigente de Voluntad Popular a huésped de una embajada o a ser uno más de la diáspora, si no accede a las condiciones del régimen, afirma el especialista en ciencias políticas.
“A Guaidó se le han imputado una serie de delitos pero ninguno de ellos se ha demostrado por parte del Ministerio Público y ahora se le pretende atribuir el delito de usurpación por seguir funcionando mediante una Comisión Delegada”, recuerda Haro a PanAm Post.
Esa decisión lo hundió. Es la “más errada y grave” porque constitucionalmente una Comisión Delegada solo procede para periodos de receso parlamentario para el ejercicio de una misión específica con funciones y atribuciones limitadas. De su error se nutre Varela.
El error técnico y conceptual
Para la Asamblea Nacional electa en 2015 seguir considerándose cuerpo parlamentario legítimo tiene que funcionar en plenaria como lo establece su reglamento de interior y debate con cuatro sesiones mensuales, al menos una vez a la semana y eso ya no es posible con la decisión de Guaidó, señala Haro a PanAm Post.
Obviar este detalle cuando acordó fundar la nueva tribuna con los diputados opositores –a excepción de los de Acción Democrática– tiene un costo. Su equivocación equivale a su “claudicación política, a un error técnico constitucional que le quita fuerza y legitimidad al parlamento electo por los venezolanos en diciembre de ese año (2015)”.
Revertir el panorama ya es inviable. Le toca seguir remando pero con el viento en contra porque “tampoco fue correcto ni conveniente atribuirle a la Comisión Delegada funciones que le pertenecen a la plenaria”.
Las consecuencias del paso en falso ya están a la vista. La Unión Europea lo redujo a un “interlocutor privilegiado” pero en el país el daño es mayor para “los venezolanos y las instituciones que aún guardaban algo de legitimidad democrática”, agrega Haro.
Del otro lado del mundo lo saben. Sin el parlamento funcionando como una plenaria, tampoco lo está su junta directiva ni quiénes la presidían. Según El Diario esto creó “un conflicto” porque su alternativa se basa en “una interpretación dudosa de la Constitución y a eso se le agrega que la oposición llega a este momento fragmentada y sin un plan claro sobre cómo afrontar la situación y convertir en realidad su promesa del cambio político”.
A este inconveniente de origen se le añade la renuncia de varios diputados electos en 2015. Entre ellos destacan Marialbert Barrios, parlamentaria de Primero Justicia por Caracas y Dennis Fernández.
Una debilidad que favorece al chavismo
La trama favorece al chavismo. “En este momento la figura de Guaidó es muy gris. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo porque es una figura para la que ya no hay suficientes y robustos argumentos constitucionales para sostener que es el presidente encargado. Es lamentable, independientemente de que Estados Unidos lo respalde”, asegura Haro.
La ley no lo ampara. Según el consultor, “que un Estado determinado reconozca a una persona como presidente encargado no significa que sea un presidente encargado porque lo que importa son las disposiciones constitucionales”.
Sin embargo, Guaidó “está muy lejos de un delito de carácter penal y de la usurpación de funciones porque al nombrar a la Comisión Delegada que ejerce en sustitución de la Asamblea Nacional lo que plantea es un debate sobre la aplicación de la Constitución”.
Dos roles en decadencia
La cara más visible de Voluntad Popular enfrenta así una pérdida irreparable y por partida doble al debilitar al mismo tiempo su “legitimidad de origen y legitimidad de desempeño” recalca Haro. La primera la otorga una elección y la segunda deriva del cumplimiento de las acciones conformes a la Constitución.
En ambas ya Guaidó naufragó al descomponer la Asamblea bajo un nuevo marco que transgrede la voluntad de los venezolanos que la eligieron y afecta su derecho de representación. Si de esa forma la oposición pretende rescatar la democracia y la libertad y fortalecer los esfuerzos para que la comunidad internacional siga a favor, sin más bajas en la lista de respaldos, necesita cumplir las disposiciones establecidas, subraya el analista. La petición de Haro se dice fácil pero la situación se complica aún más frente al uso a la medida que hacen para sus fines tanto chavismo como oposición de la letra escrita, y sobre todo, de la más pequeña.
Fuente: PanAmPost
