A discreción revolucionaria se reparten los vestigios de la agroindustria venezolana

Con pasos firmes y desde las antípodas de la arenga socialista sobre la que ha
cabalgado el chavismo, el actual ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar
Castro Soteldo, se ha convertido en el gran repartidor de lo que alguna vez fue
o quiso ser la agroindustria revolucionaria.

Para
ello le ha servido una figura etérea y recurrente, la de las “alianzas
estratégicas”, el sello con el que otorga concesiones sin licitación y que sirve
de motor a una institución pública de reciente data impulsada desde su despacho,
la Corporación de Desarrollo Agrícola S.A (Delagro), creada en 2016 y bisagra
entre el ministerio y los grupos privados escogidos para las adjudicaciones.

Con frases como “en sinergia, con la empresa privada y el Estado, se busca trabajar
por el bienestar del pueblo”, y escudado en su tono campechano, Castro Soteldo
ha repartido los esqueletos de algunos proyectos que nacieron con el alza de los
precios del petróleo que favorecieron a Hugo Chávez en la década de 2000.

Presentado por Nicolás Maduro como un “un cuarto bate”
que “conoce profundamente el campo venezolano, a los productores, cada rubro,
las necesidades del campo, y conoce la teoría con mente ordenada”, Castro
Soteldo asumió en enero de 2016 la conducción del Ministerio de Agricultura y
Tierras. Fue aquel año uno de los momentos más álgidos de la escasez de comida
en Venezuela, cuando los titulares de prensa sobre desnutrición y escasez de
alimentos se desplegaban a diario en los medios que todavía se atrevían y
podían.

Cinco
meses después, y como una de las muchas ramas del convenio
Cuba-Venezuela, refrendado en octubre de 2000 por
Fidel Castro y Hugo Chávez para “fortalecer los lazos de amistad y lograr un
mejor desarrollo económico y social para los pueblos de ambas naciones
hermanas”, surgió la Corporación de Desarrollo Agrícola
(Delagro).

En ninguna línea de su partida de nacimiento, es decir, la Gaceta Oficial
40895 del 3 de mayo de 2016, se establece que Delagro será el mecanismo para que
particulares tomen el control de una empresa del Estado. En cambio, el artículo
3 del documento fundacional establece de forma taxativa: “Delagro tendrá por
objeto coordinar, supervisar, controlar y articular los procesos productivos que
están en manos de la clase obrera”.

Pero en la práctica funcionó para otra cosa. Delagro se convirtió en el andamiaje
institucional con el que Castro Soteldo inició de manera gradual y consistente
la distribución de plantas que nacieron con la chequera robustecida por los
precios del petróleo en el momento (el más alto: 147.25 dólares por barril,
alcanzado en 2008), y que sucumbieron por la improductividad determinada por el
abultamiento de nóminas y la politización.

Uno de esos proyectos fue la Empresa Mixta Socialista Del Alba. Fundada en 2007, agrupó
en varios frentes de producción -lácteo, avícola, porcino y arrocero, entre
otros- toda la potencialidad con la que Hugo Chávez esperaba lograr la soberanía
alimentaria. Liquidada una década después, Del Alba es hoy una de las tajadas
que el “otro comandante” y ministro, Castro Soteldo, repartió a través de
alianzas estratégicas sin las licitaciones obligatorias que establece la Ley de
Contrataciones Públicas, vigente desde 2014.

Al menos eso es lo que parece ocurrir. Fuentes del sector aseguran no saber cuál es la figura jurídica
que se ha usado para ello, si estas asignaciones han pasado por un proceso de licitación, si derivan de un contrato o de un arrendamiento. 

Nada más al año de su fundación, Delagro ya estaba relacionado con irregularidades
que el Estado, desde entonces, admitía. En junio de 2018, el fiscal general del
gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció la detención de 16
personas por incumplimiento en “la entrega del 38% de sus cosechas a Delagro,
basadas en diez millones de kilos de arroz, y solo dieron 17%, un millón 750 mil
kilos de arroz,  por lo que se
presume habrían vendido de manera inescrupulosa la cosecha a empresas
privadas”.

Uno de los nombres que ha caído en la gracia de Delagro es Fernando Luis Conejo Garcés,
un joven larense de reservado perfil que ha tomado el control de las plantas de
Arroz del Alba y de Porcinos del Alba.

Con 36 años y no más de un par de sonrisas ante las cámaras de la televisión estatal,
Conejo Garcés es el apoderado principal de un grupo de empresas familiares cuya
génesis fue Agroinsumos Lara C.A. (Agroinlaca), fundada en 2005. En esta, cuya
sede está en Barquisimeto y que tiene por objeto social “compra, venta de
productos agrícolas, así como también la cría, aprovechamiento, matanza y
sacrificio de toda clase de ganado”, comparte sociedad con su padre, Fernando
Conejo Martín.

Ese mismo año la familia Conejo fundó también la Procesadora Occidental de Cereales.
Y al año siguiente, con oficina en Caracas, registró Nutrimix, cuyo objeto es la
comercialización de productos agropecuarios. La lista se abultó ocho años
después, en 2013, con la fundación de Nutrición Óptima (Nutrop), Avícola A.F.C.
y Avícola B.C., todas con sede en Lara, agrupadas en la empresa matriz
Agroinlaca y habilitadas para prestar servicios al Estado a través del Sistema
Nacional de Contrataciones.

Pero además de su prolífico crecimiento, Conejo Garcés encaja en el perfil de la
nueva burguesía bolivariana que impulsa Castro Soteldo sin remilgos. La oficina
principal de Agroinlaca (en la Zona Industrial II de Barquisimeto, Lara) es una
estructura moderna de 780 metros cuadrados. “(Se trata de una) composición de
muros de ladrillo organizados alrededor de este patio cubierto y un gran techo
plano y articulado (…) su aspecto exterior de fortaleza hermética e intimidante
refuerza por contraste nuestra intención de crear un ambiente íntimo y
agradablemente fresco en su interior”, se detalla en el bosquejo de la
estructura.

El edificio fue creado por Domina Proyectos, un consorcio del que, como arquitecta
directora, forma parte Claudia del Bufalo. La sede de Agroinlaca no es el único
lazo entre ella y Conejo. Un rastreo en internet confirma que ambos comparten la
propiedad de un apartamento de casi
800.000 dólares en Brickell, el centro financiero, no
exento de lujos, más importante de Miami, en Estados
Unidos.

Más allá de si hay simpatías entre Castro Soteldo y Conejo Garcés, no hay mucha
claridad en torno del origen de sus conexiones. Amén de las fascinaciones
mediáticas del ministro, quien promueve sus consignas y anécdotas en el programa
de televisión, Cultivando Patria, el
empresario ha optado por el bajo perfil, el mismo que mantuvo cuando tomó el
control de las plantas arrocera (ubicada en Píritu, Portuguesa) y porcina (en
Barquisimeto, Lara) de las empresas Del Alba, después de la liquidación de
2017.

Una de
las primeras alianzas conocidas y publicitadas entre Agroinlaca y el gobierno de
Maduro fue la que se estableció en 2016 (a poco de la llegada de Castro Soteldo
al ministerio) con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL). En las
relaciones entre estas empresas (productivas, de acuerdo con fuentes consultadas
que pidieron el anonimato) comenzaron los enlaces entre Conejo y Castro
Soteldo.

Pero si la relación con el gobierno de Maduro había sido constante, la primera mención a
Conejo ocurrió con la publicación de la Gaceta Oficial número 6.397, de
agosto de 2018. En ella, a raíz de la segunda reconversión monetaria que
implementó el chavismo (vigente a partir del 20 de agosto de 2018, con la que
Nicolás Maduro eliminó cinco ceros al bolívar; con la primera, impulsada por
Hugo Chávez y efectiva desde el 1 de enero de 2008, se había eliminado tres
ceros a la moneda), un grupo de empresas privadas fue beneficiado con
exoneración temporal de los aranceles, supresión del Régimen de Ilícitos
Cambiarios, pago del diferencial del incremento salarial del sueldo mínimo por
90 días, fijación de cambio único en divisas a través del Dicom y tres subastas
semanales a través del mismo organismo. Agroinlaca figuraba en la lista, al
igual que su dueño, Fernando Conejo.

Del ruido comunal al silencio empresarial

La Gaceta Oficial 41.303, del 19 de diciembre de 2017, anunció la
liquidación de Del Alba. Así comenzó el limbo en tres plantas industriales: dos
en Portuguesa (las plantas de Píritu) y una en Guárico (la planta Llano Alto,
intervenida en 2009 y expropiada finalmente en 2011), y quedaron a disposición del
ministerio de Agricultura y Tierras que, utilizaría la figura de “alianza
estratégica” para disponer de ellas y que en la exposición de motivos de la Ley
de Contrataciones Públicas se menciona apenas de forma
tangencial.

Específicamente, en el artículo 5 de la norma señala que es posible la selección de contratistas privados para ejecutar
proyectos estatales sin necesidad de licitación, en caso de “alianzas
comerciales o estratégicas para la adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras entre personas naturales o jurídicas y los
contratantes (del Estado)”. Ese apartado favoreció a Conejo con un viso de
legalidad, pero no hay precisión sobre las condiciones en las que se entregaron
las plantas ni los puntos de acuerdo, la norma cuando se trata de bienes
públicos.

De las dos plantas de Del Alba que Castro Soteldo otorgó a Agroinlaca, en la de Arroz
del Alba (originalmente, propiedad en 51 por ciento de Venezuela y en 49 por
ciento de Cuba), en abril de 2019, hubo más visibilidad mediática y no
necesariamente porque se ventiló en los medios estatales o en las redes de
Agroinlaca.

Una década antes de que fuese entregada a Agroinlaca, y de acuerdo con la prensa
oficial, la empresa producía 30 toneladas diarias de arroz. En los años siguientes fue
notorio el declive. Ejemplo de ello es que en mayo de 2016, Tirso García, presidente
del sindicato de Arroz del Alba, pedía al gobierno de Maduro “acciones
urgentes” para salvar la empresa. “Viene decayendo la producción. Aquí se
generaban 120, 140 toneladas diarias y fuimos mermando a 100, a 80 hasta que
llegamos a 10 y ahorita 2.000 (kilos diarios, es decir, dos toneladas)”,
detallaba.

Pero no hubo más inversión y luego vino el limbo de la liquidación de la empresa desde
2017 hasta 2019, cuando se concretó la entrega a Conejo. Los trabajadores
protestaron en contra de la decisión de Castro Soteldo y las quejas encontraron
apoyo en el exvicepresidente, exministro, excanciller y exdiputado, Elías Jaua,
quien denunció en aquel momento la detención arbitraria
de diez trabajadores que protestaban y la remoción de un
busto de Hugo Chávez que adornaba la entrada de la planta.

Solo
algunos productores y campesinos hablan hoy en Portuguesa acerca de esa
historia. “Castro Soteldo hizo su emporio económico aquí, por supuesto. Eso para
nadie es un secreto. Pero queríamos que al menos respetara la oportunidad de los
pequeños productores. Esa fue una de las cosas que más se le pidió, pero lo que
vino fue la judicialización”, explica uno de ellos, perteneciente a la
plataforma nacional Lucha Campesina y cuyo nombre se omite para resguardar su
seguridad.

La “oportunidad de los pequeños productores” a la que se refiere era la posibilidad
de que los campesinos, si no tomaban el control de la planta, al menos tuvieran
participación en el proceso productivo. Pero la orden del ministro Castro
Soteldo no les permitió ni una ni otra cosa. En cambio, amparado en el artículo
5 de la Ley de Contrataciones Públicas, se la entregó a un empresario privado.

“Todas esas estructuras las dejaron en el suelo (en el lapso 2007-2017) y de allí
comenzaron los convenios entre Wilmar Castro y los privados. A nosotros no nos
llamaron, a pesar de que fue un compromiso del ministro. El año pasado lo que
tuvimos fue una arremetida muy fuerte, con generales de la Guardia Nacional
amedrentándonos. Fue allí cuando estuvo Elías Jaua”, recuerda otro productor de
Portuguesa. Su identidad también se omite por seguridad.

En
aquel momento, lejos de cualquier medio público y a través del portal
Aporrea, Jaua
escribió:
“Ellos (los campesinos) piden que se respete la propiedad social, que se
expliquen las condiciones legales bajo las cuales se entregaron activos
nacionales a un privado, que se garantice la estabilidad y condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras, que se reciba la producción de arroz de la
zona, que un porcentaje de la distribución sea vendido en la comunidad. Nada de
lo cual cumple en este momento el operador capitalista”.

Luego de la liberación de los manifestantes, el ruido de las protestas bajó, así como
la presión intentada por Elías Jaua, quien no respondió a las varias solicitudes
de entrevista por parte de Armando.info. Pero el traspaso siguió, con
sigilo y sin claridad legal.

Hoy, en Portuguesa, las cajas que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap) también tienen, como parte de sus contenidos, los paquetes de
arroz Del Alba. En los empaques todavía está el registro de información fiscal
(RIF) gubernamental (G-20008205-4) y la denominación de “empresa mixta
socialista”.

Abiertamente, nada confirma que las
empresas están ahora administradas por Agroinlaca, salvo algunos mensajes de las
cuentas de Delagro que señalan que, en efecto, las empresas de Conejo están al
frente de estas plantas. Además de las voces disidentes del chavismo
que han denunciado la falta de transparencia de los acuerdos, sin contar la
ausencia de rendición de cuentas respecto de las cifras de producción y los
alcances de la distribución.

La intermitencia del cochino

En un viernes de junio de 2020, la reja metálica del Bodegón Porcinos Caracas está a
la mitad. Adentro, un vendedor organiza la única nevera de la tienda y dice que
ni hoy ni en la semana se ha vendido cochino. De Barquisimeto no ha salido el
camión porque no hay gasolina.

Pero la interrupción del suministro no es exclusiva de esos días. Ya el vendedor habla
de las fluctuaciones como una normalidad. “Nosotros venimos aquí a organizar las
cosas y a limpiar, pero a vender, no mucho”, asegura. La tienda, apenas a unos
pasos de la Plaza Bolívar del centro de Caracas, depende de Porcinos del Alba,
con sede en la avenida Bolívar, de Barquisimeto, y una de las entregadas al
holding de Conejo Garcés.

Respecto de esta ha habido más claridad en la relación con el nombre del empresario. No así con la figura jurídica ni
con los convenios que se establecieron. Nuevamente, la generalidad de la
“alianza estratégica” prevalece.

En un tuit de agosto de 2019, en la cuenta de Twitter de Porcinos del Alba se
informó acerca de una reunión entre el presidente de la empresa estatal, Amílcar
Navas, y la presidenta de Avícola del Alba, María Alejandra González. Sonreído y
escoltado por retratos de Hugo Chávez y Raúl Castro, estaba Fernando
Conejo.  En aquella publicación solo
se asomaba que el encuentro tenía como objetivo “establecer alianzas
estratégicas para fortalecer el Plan Pernil 2019”. No hay números oficiales
respecto de la producción de Porcinos a raíz del convenio con Agroinsumos Lara.

Antes, en julio de 2019, la relación entre Agroinsumos Lara y Porcinos del Alba había
quedado definida. Durante una transmisión de Venezolana de
Televisión, la gobernadora pesuvista de Lara, Carmen Meléndez, celebraba la puesta en marcha de un
matadero de cerdos en la localidad larense de  Carora. “Estamos dando (sic)
inauguración después de varios años que estaba parado. Es una alianza entre el
Ministerio de Alimentación, que transfirió esta empresa a la Gobernación y la
Gobernación hizo una alianza con el privado: con Agroinsumos Lara”. No mencionó
la también almiranta que la planta dejó de funcionar durante la gestión
gubernamental ni cuáles serían las metas productivas de la alianza con
Agroinlaca.

Como ocurre con Arroz del Alba, el RIF de Porcinos sigue siendo gubernamental
(G-200008602-5) aunque no hay registro público acerca de los porcentajes de
participación y ganancia de Agroinsumos Lara. “Lo único claro es que todas esas
plantas fueron adjudicadas de manera directa”, confirma un empresario de
Portuguesa que prefiere reservar su identidad.

Gusta celebrar su cumpleaños con un concierto de Vitico Castillo y publicar en YouTube
los videos en los que se le homenajea. Además de eso, desde 2017 es
vicepresidente de Portuguesa F.C., equipo de la primera división del fútbol
venezolano en el que, al entrar a formar parte, fue recibido y aplaudido como
“prestigioso empresario”.

Su nombre es Maiker Frías, director de Alimentos Venezolanos S&M (Alivensa),
una empresa con sede en Acarigua, Portuguesa, dedicada a la comercialización de
comida “de origen animal o vegetal”, según lo que se constata en el Registro
Nacional de Contratistas (RNC) .

Aunque de estilos mediáticos contrapuestos, existe un punto de concordancia entre Frías
y Conejo, Wilmar Castro Soteldo. Ese denominador común tiene todos los elementos
que atañen a esta historia: Delagro, una planta de Del Alba que sucumbió ante la
improductividad en la gestión gubernamental y una alianza estratégica
publicitada como buena noticia en alguna página gubernamental pero cerrada a
cualquier escrutinio.

Desde su asunción como ministro en 2016, Castro Soteldo no se ahorró elogios públicos
hacia Frías. En una de las emisiones de Cultivando patria de octubre de ese año
felicitó a Alivensa por la producción de 3.000 toneladas mensuales de harina de
maíz:  “Aquí no hay desperdicio de nada. Además tienen contacto con productores de la zona, donde acopian su
materia prima, reciben su pronto pago, procesan y lo distribuyen conjuntamente
con la red del estado y la red comunal. Este es un proceso productivo donde está
incluido todo el grupo familiar”.

Frías ha repetido en varias declaraciones que Alivensa surgió con el apoyo de “la
banca pública”. Aunque afirmación genérica, el apoyo estatal no se limitó al
empujón inicial de aquel año ni a las palabras de aliento del ministro Castro
Soteldo

En 2017 el nombre de Frías despuntó en el cuarto Consejo Nacional de Economía Productiva
(CNEP) que encabezó el vicepresidente sectorial de Economía, Ramón Lobo (a la
postre, presidente del Banco Central de Venezuela). El resultado de aquel
encuentro fueron diez acuerdos, todos alianzas estratégicas sin
especificacificaciones. Al respecto, el ministro apenas despachó el tema
destacando aquello como un logro en la concertación entre empresarios y el
gobierno madurista. “Son los avances financieros que ya comienzan a
visualizarse, como parte de las alianzas establecidas entre los productores
públicos, privados y mixtos conjuntamente con el Ejecutivo nacional”. 

Una de esas alianzas era para la empresa de Maiker Frías, quien celebró las firmas
anunciando: “Hemos concretado una serie de alianzas con la visión única de
incrementar la producción en cada rubro a nivel nacional”. También estuvo entre
las beneficiadas la empresa Gilmaty Construcciones, cuya representante, Amalys
Rodríguez, es citada en los boletines oficiales como “empresaria
patriota”.

Un asterisco en la agenda del Consejo Nacional de Economía Productiva facilitó a
Frías la apertura de más negocios con el Estado venezolano. Fue el momento en
que Ramón Lobo señaló que la distribución de las cajas con el sello CLAP también
sería una parte clave de las alianzas estratégicas para la que fue seleccionada
Alivensa.

Así, en marzo de 2018, Alivensa obtuvo la mayor adjudicación en la séptima subasta del
Dicom, el esquema de asignación de divisas para empresas por parte del régimen. Para la
de Frías (una de las cuatro favorecidas) fueron asignados 33.362 dólares. En
2017 había recibido, en cuatro subastas entre el 12 de junio y el 3 de agosto,
493.132 dólares. El destino para todos los montos era la importación de insumos
para la producción de harina precocida para los CLAP.

Otro capítulo de la historia de Frías que se desarrolla en 2018 se muda de los
occidentales Portuguesa y Lara al central estado Guárico, específicamente a
Chupadero, municipio El Socorro. En junio de ese año, y para consolidar “un
circuito de producción”, una granja de Avícola Del Alba quedó en manos de Maiker
Frías quien, lo mismo que Conejo Garcés, nunca respondió a las solicitudes de
entrevista para este reportaje.

Una nota de prensa del ente que dirige Castro Soteldo daba cuenta de una reunión en el salón
Alí Primera del Complejo Agroindustrial El Socorro para pactar la alianza
institucional entre Alivensa y Del Alba. Aquel encuentro fue más institucional
que de costumbre, pues había representantes de Fondo para el Desarrollo Agrario
Socialista (Fondas), Delagro, Avícola del Alba y AgroGuárico. Además del mismo
Frías, en representación de su empresa.

No se anunció entonces alguna meta sobre producción ni certeza acerca de cuánto tiempo
funcionaría la alianza con Alivensa. Los datos son los que se permean en las
notas gubernamentales. En enero de 2019, siete meses después del comienzo de la
alianza, el departamento de prensa de la Gobernación de Guárico (ente dirigido
por José Vásquez, del Partido Socialista Unido de Venezuela) refería que
11.000  pollos para criar habían sido entregados desde
el comienzo de la alianza hasta entonces.

En mayo de 2020, Vásquez informaba que, a pesar de la pandemia, 120.000 pollos habían
sido incorporados al proceso de producción. El ministro de Agricultura y Tierras
no se retrató con Frías. Solo utilizó Delagro para materializar la entrega a
través de otra “alianza estratégica” que lleva al menos dos capítulos claros de
adjudicaciones en las que se entrega mucho pero no se dan explicaciones.