El gobierno de El Salvador incluye un gabinete a la sombra con pupilos de Leopoldo López

SAN SALVADOR.- El
Gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador tiene una estructura oculta por encima de
sus ministros, una especie de supragabinete formado por al menos diez asesores
venezolanos cuyos contratos, honorarios y responsabilidades no han sido
transparentados. La mayoría de ellos están ligados al autoproclamado gobierno
interino de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular (VP) en
Maracaibo y Caracas. Al menos desde febrero de 2020, un mes antes de la pandemia
de coronavirus, este gabinete paralelo ha dado órdenes a ministros del gabinete
económico, de salud y de otras instituciones del Ejecutivo en este país centroamericano. Otro grupo, desde la Casa Presidencial, se encarga de coordinar las actividades del aparato
de propaganda del Órgano Ejecutivo y de Nuevas Ideas, partido fundado alrededor
de la figura de Bukele y que controla la Asamblea Legislativa desde febrero de
2021.

El Faro, medio salvadoreño, analizó declaraciones en eventos internacionales y publicaciones en redes
sociales donde algunos de estos venezolanos admiten su rol en el Gobierno; así
como fotografías de actividades del Gobierno y de Nuevas Ideas, el movimiento oficialista, celebrados entre
el 1 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021, en las que los venezolanos
aparecen como protagonistas. Conversamos con tres funcionarios y dos empleados
de este Gobierno que son testigos del trabajo de este grupo, con un empresario
que los ha visto gestionar y resolver asuntos oficiales y dos diplomáticos
contaron cómo y qué tipo de órdenes giran hacia ministros y otros funcionarios.
Además, dos venezolanos que han trabajado con los asesores radicados en El
Salvador y que tienen amistad con ellos desde su época de estudiantes
universitarios, describieron algunas de las funciones que desempeñan en el
país.

Los cinco
funcionarios y los dos empleados manifestaron tener temor a ser identificados,
por el riesgo a perder sus empleos o a sufrir represalias en contra de sus
familias; el empresario dijo tener temor a recibir acoso de Hacienda; los
diplomáticos pidieron la reserva de sus nombres, por no contar con autorización
para hablar sobre este tema, y los dos venezolanos, por temor a enfrentar
campañas de desprestigio en su país, debido a que trabajan con la oposición en
Caracas. 

Los
testimonios de estas diez fuentes permiten dibujar un organigrama no oficial,
una estructura paralela donde la jefa de gabinete no es la comisionada de
Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, sino una venezolana: Sarah Abdel
Karim Hanna Georges. Hanna ha sido asistente del líder opositor venezolano
Leopoldo López y de su esposa, Lilian Tintori.

En la
punta de la pirámide del poder salvadoreño está el presidente Nayib Bukele, seguido
de Karim, su hermano más cercano, y luego sus también hermanos Ibrajim y
Yusef. Los
venezolanos sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el Gobierno y el
partido Nuevas Ideas. Trasladan lineamientos en persona y a través de grupos de
Whatsapp desde los que giran instrucciones. El Faro ha identificado a un grupo
de 30 venezolanos que trabajan en el Gobierno, de los cuales diez pertenecen a
un círculo privilegiado de toma de decisiones. De los 20 restantes, unos no
viven en El Salvador, pero suelen permanecer aquí durante lapsos que van de días
hasta meses.

“Te lo
resumo así: casi que por cada ministro tienen un venezolano detrás dando
órdenes”, explicó un amigo de los asesores
venezolanos. 

A finales
de marzo de 2021, tras una publicación de El Faro
sobre Lester Toledo, jefe de campaña de Nuevas Ideas y ex dirigente de VP en el estado Zulia, un embajador se acercó a un periodista de El
Faro durante un evento. “Sí, es cierto. Hay un montón de venezolanos que
participan en reuniones oficiales del Gobierno, y la líder es Sarah Hanna”. Los
otros asesores venezolanos tienen áreas específicas en el gabinete ampliado, y
le rinden cuentas a Hanna, como ministros no oficiales del
Gobierno. 

En el
organigrama no oficial de este gabinete paralelo, debajo de Hanna está su
persona de mayor confianza, Miguel Sabal, quien se encarga de temas logísticos y
del reclutamiento de venezolanos en Caracas para trabajar con el Gobierno de El
Salvador. Luego están los asesores por áreas: Miguel Arvelo, en Salud; Tomás
Hernández, en el gabinete económico; Roddy Rodríguez ,en Educación y
Cancillería; Juan Carlos Gutiérrez, en los temas de transparencia, enlace con la
Corte de Cuentas y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (Cicíes); Santiago Rosas ha estado a cargo de la elaboración
del Plan de Control Territorial, que nunca ha sido presentado públicamente, y
Ernesto Herrera se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Seguridad.
Como asesora de Casa Presidencial, en protocolo, estaba María Alejandra García, que
actualmente se encarga de coordinar, junto a su pareja, Tomás Hernández, el
Programa de Emergencia Sanitaria (PES). La cabeza del segundo grupo es Lester
Toledo, quien ha trabajado para Nuevas Ideas, pero a quien el Gobierno encomendó
diseñar el PES, como herramienta de organización del territorio. Las acciones de
propaganda en redes sociales son coordinadas por el equipo de Toledo, que
incluye a su hermano Lender y a Esteban Vicuña, en coordinación con
Hanna.

El 1 de
junio, El Faro pidió entrevista a varios asesores de este grupo, a Sarah Hanna,
a Lester Toledo, a Esteban Vicuña y a Roddy Rodríguez, a través de correos
electrónicos y mensajes de Whatsapp, pero al cierre de esta nota no hubo
respuesta. El 24 de febrero, Vicuña prometió brindar una entrevista.
“Estoy en un evento, pero mañana con mucho gusto a las ocho de la mañana puedo
responder a todas sus preguntas”, dijo, pero no volvió a responder su
teléfono. Las instituciones oficiales de comunicación de la administración Bukele no se
hacen cargo de gestionar entrevistas con los venezolanos, bajo la lógica de que
no aparecen en ningún organigrama.  

Estos
asesores no tienen rango oficial y el Gobierno ha negado que existan sus plazas
a través de resoluciones de sus oficinas de acceso a la información (OIR). El 16
de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud respondió a un ciudadano que
solicitó esos contratos que los asesores venezolanos no aparecían como empleados
en los registros de Recursos Humanos, y Casa Presidencial declaró que los contratos eran
“inexistentes” y “reservados”, según una resolución del 2 de julio de 2020. Dos
empleados de esta dependencia dijeron a El Faro que los honorarios de los venezolanos
salen de la Dirección y Administración Institucional/Administración General de
la Secretaría Privada de Presidencia de la República, y que todos tienen
contratos de asesores. 

El 1 de
junio, una laboratorista del Instituto Nacional de Salud (INS) denunció que
Miguel Arvelo, Miguel Sabal y Sara Hanna le instruyeron no procesar pruebas de
Covid-19, incluidas las del personal de primera línea. Esa denuncia interna se
conoció por la filtración de un memorando dirigido a la subdirectora del INS,
Xóchitl Sandoval. En diciembre de 2020, un funcionario pidió poner atención al
esquema que describe ese documento. “Los asesores venezolanos son como los
chaneques [guardianes o miembros de un séquito, en Mesoamérica] de los Bukele. Los acompañan a actividades y a reuniones muy
específicas de alto nivel”, relató. “Yo sé que los hermanos toman decisiones,
pero no es que agarren el teléfono para darnos órdenes sino que mandan a sus
emisarios: los venezolanos. Eso sucede en varios ministerios”,
añadió.

La
relación con estos asesores se comenzó a construir desde la campaña de Bukele
para la elección presidencial de 2019. Sarah Hanna y Lester Toledo participaron
como estrategas en esa campaña. En mayo de 2019, Bukele realizó una gira a
Estados Unidos y participó en una conferencia de Americas Society/Council of the
Americas, donde se
reunió con Carlos Vecchio, un hombre de confianza de Lester Toledo, que acababa
de ser designado embajador en Washington D.C. por Juan Guaidó. El propio Vecchio es dirigente de Voluntad Popular. 

“Agradecidos con el Pdte. Electo de El Salvador, Nayib Bukele, por su apoyo al
pueblo venezolano, el compromiso demostrado por nuestra causa de libertad, cese
de usurpación y la restitución de la democracia en nuestro país”, escribió Vecchio tras la
reunión del 7
de mayo de 2019. El 2 de noviembre de 2019, Bukele expulsó de El Salvador al
cuerpo diplomático de Nicolás Maduro.

En
diciembre de 2020, un ministro mencionó a este medio una regla no escrita en
este Gobierno: “Si como titular de una institución no tienes una vía de
comunicación directa con el presidente, te jodiste, porque los venezolanos
mandan”. 

El Faro
confirmó que, desde febrero de 2020, algunos de estos asesores participaron como
protagonistas en la construcción del “Fondo de Emergencia” de 2.000 millones de dólares en
préstamos destinados a combatir la pandemia. “Ellos se encargaron de la
coordinación de las donaciones internacionales, en la mesa de crisis que
luego fue bautizada como Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica
y que funcionó en el Edificio Century Tower, en las inmediaciones de Cifco, en
la Zona Rosa”, de San Salvador, la capital, dijo una fuente que aseguró que en esa oficina se definieron las
fases durante los meses de confinamiento; ahí se detalló el programa de entrega
de canastas de alimentos y también el plan de vacunación que ha sido declarado
secreto hasta 2024. “En ese edificio está Corsatur [por Corporación Salvadoreña de Turismo], en el piso 10, y el Mitur [abreviatura del Ministerio de Turismo],
en el 11. Ese lugar fue la base de operaciones de los venezolanos”, confirmó un
empleado de Casa Presidencial, haciendo referencia a que Turismo gestionó los arrendamientos
de los hoteles que funcionaron como “centros de
contención”.

El 17 de
febrero, el gobierno organizó un evento en la Unidad de Salud Atlacatl, para dar
por iniciada la campaña de vacunación contra la Covid-19, tras el arribo de un
primer lote de vacunas AstraZeneca del programa Covax (Acceso Global a las
Vacunas), provenientes de la India. Una hora antes de que iniciara el evento,
Sara Hanna ingresó junto con un equipo de asesores a supervisar la logística.
Ella entró varias veces a una cabina a conversar con el ministro de Salud,
Francisco Alabí, que esperaba al presidente Bukele. 

Luego del
hecho, un embajador dio más contexto a la presencia de Hanna en el evento. “Yo
tuve conocimiento de que la persona designada por el Gobierno de El Salvador
para coordinar el Covax y para brindar detalles a la comunidad internacional
sobre su implementación es ella”. 

En el
mismo evento, y en una zona donde la prensa no tenía acceso, un hombre esperaba
sentado a que iniciara el evento. Se trataba de Miguel Arvelo, quien primero
estuvo destacado en Medio Ambiente, pero que en 2020 pasó a ser un enlace entre Casa Presidencial y el Ministerio de Salud. “Él se encarga de coordinar proyectos en Salud. Él gira
instrucciones de Sarah Hanna a personal de rango medio y a técnicos de ese
Ministerio”, relató un funcionario que participó en reuniones con
él. 

El
currículo previo de Arvelo no está relacionado a área alguna de la salud
humana. “Cuando ellos arribaron a El Salvador, nadie esperaba que hubiera una
pandemia. Ninguno de los asesores subordinados a Sarah Hanna, que es odontóloga, es médico, así que por default seleccionaron al veterinario, Miguel Arvelo,
que era el que más o menos entendía esos temas”, relató un amigo venezolano de
los asesores. 

En el
evento también estaba Miguel Sabal Matheus. Después de Sarah Hanna y Lester
Toledo, que fue jefe de campaña de Nuevas Ideas para las elecciones de febrero
de 2021, Sabal Matheus es el asesor de mayor rango en la cúpula de venezolanos.
Él trabajó en Cúcuta, Colombia, la logística de la ayuda humanitaria enviada
desde Miami, Florida, como delegado de Guaidó.

Sabal es
un empresario de Caracas que en 2013 fundó en Panamá la empresa Recreaciones Aventura SA, la entidad con la que opera una
empresa que organiza campamentos, talleres de liderazgo y de comunicación en
Venezuela, y que le ha servido como plataforma para construir una red de apoyo en
ese país, según relató una fuente venezolana. El Faro pudo constatar que, en
febrero de 2014, Sabal constituyó en Miami la Fundación Futuro Presente
Inc, junto con
Sarah Hanna, que se dedica a formar líderes que han terminado ocupando cargos
con Voluntad Popular, el partido opositor del chavismo fundado en 2009 bajo el
liderazgo de Leopoldo López. Otro de los asesores en El Salvador, Roddy
Rodríguez Fuentes, es tesorero de la fundación.

Rodríguez
Fuentes es también asesor del Ministerio de Educación salvadoreño. Antes estuvo
designado a Cancillería. De agosto a noviembre de 2020, fue el responsable del
“diseño de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación de procesos de
formación docente”, dice su hoja de vida en Linkedin. De enero a junio de 2020,
coordinó la planificación de los programas en el marco de la pandemia. En su
caso, la confirmación de su participación con el Gobierno de Bukele fue escrita
por él mismo en su hoja de vida: “Fui el responsable de diseñar e implementar
estrategias de cooperación internacional para el Gobierno de El Salvador, las
cuales incluyeron el diseño de una Agencia de Cooperación Internacional de El
Salvador (ESCO), la coordinación de la estrategia de cooperación internacional
del Gobierno durante la respuesta temprana a la pandemia de COVID-19, entre
otras”. 

En julio
de 2020, ESCO fue creada por decreto ejecutivo como una institución “que
actuará bajo los lineamientos del
presidente de la República”. Es la responsable de coordinar la obtención
de cooperación internacional y de establecer sus prioridades a través de
lineamientos. 

Rodríguez
Fuentes es consultor en Bogotá, Colombia, de la empresa SmartEd Education
Solutions, que
según su página web tiene una filial en El Salvador, cuya oficina está en el
Edificio Century Tower, en la Zona Rosa de la capital. Rodríguez Fuentes es el
contacto principal de la empresa en El Salvador. Hasta mediados de 2020, el
edificio Century era el lugar de reunión de los asesores venezolanos, relató un
empresario que debido a su trabajo visitó ese edificio para asistir a algunas
reuniones de negocios no relacionadas con ellos, pero que pudo reconocerlos. Un
técnico de un organismo internacional dijo que en esas oficinas se reunían los
venezolanos: “Durante algunos meses supe que ahí planificaron actividades de la
mesa de crisis del gobierno en el marco de la
pandemia”. 

Dos
funcionarios del gobierno de Bukele que tuvieron conocimiento de las actividades de
planificación entre enero a abril de 2020, coordinadas por Casa Presidencial para la
atención de la pandemia, dijeron que los asesores venezolanos se repartieron
áreas. “Por ejemplo, yo supe que en el equipo de coordinación de compras de
alimentos y en la planificación del bono de 300 dólares participaron Sarah Hanna y
Tomás Hernández”, relató uno de los funcionarios. “Hernández es el enlace con
las instituciones del gabinete económico: Hacienda, Economía, Agricultura y
hasta el Banco Central”, dijo.

Tres
fuentes de Gobierno que tuvieron conocimiento de las discusiones en Casa Presidencial y en
otros espacios de reunión del gabinete dijeron que el arquitecto del Programa de
Emergencia Sanitaria (PES) fue Lester Toledo. “Lester fue la persona que diseñó
el PES. Uno de los equipos que se encargaba del empaque y distribución del
programa de entrega era coordinado por los venezolanos”, dijo un funcionario de
alto nivel de este Gobierno. “Él ya había trabajado en temas logísticos de ayuda
humanitaria para Guaidó, entonces era lógico que él se encargara de coordinar la
logística. La coordinación de las compras se la delegaron a Tomás Hernández”,
relató otro de los funcionarios.

Tomás
Hernández, el asesor que transmite las órdenes a los titulares del gabinete
económico, no es economista. En un boletín de la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas (UCAB, universidad privada de los jesuitas) lo presentan como ingeniero, y en la descripción de
su cuenta de Twitter dice que tiene una maestría en Ciencias Políticas. “Él vino a
El Salvador, porque su esposa, María Alejandra García, que había militado en
Voluntad Popular, estaba trabajando como asesora de Casa Presidencial”, relató un amigo de
los venezolanos. 

Un
funcionario que conoció las discusiones de febrero de 2020 para construir un Fondo de Emergencia de 2.000 millones de dólares en préstamos, aprobado por el parlamento el 26 de
marzo, dijo que
los venezolanos tuvieron un rol protagónico en incluir un párrafo del borrador
de decreto que establecía como uno de los destinos del dinero el reparto de
canastas de alimentos. “Desde el inicio, los asesores venezolanos insistieron en
las reuniones de planificación sobre los beneficios que podía tener la entrega
de estas canastas para la campaña legislativa y municipal de 2021”, dijo esta
fuente.

El 12 de
mayo, Toledo estuvo en Casa Presidencial, y en una fotografía aparece como
expositor del PES, frente a funcionarios del gabinete que participaron en la
compra, importación y distribución de los paquetes de alimentos, entre los que
destaca el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el entonces
ministro de Agricultura, Pablo Anliker, quien autorizó las compras millonarias
de alimentos. 

Semanas
antes, el 30 de abril, Toledo compartió en Instagram un video en el “Centro de
Operaciones del PES”, en las Aduanas de San Bartolo, en Ilopango, sede del aeropuerto internacional, al este de San Salvador. “Desde hace
semanas venimos trabajando junto al presidente Nayib Bukele en un conjunto de
acciones para que la población no sienta con tanto impacto los efectos
económicos causados por la pandemia de la Covid-19”, escribió Toledo. En ese
mismo lugar, el presidente Bukele y su hermano Karim anunciaron el programa de
entrega de canastas de alimentos semanas después, el 18 de
mayo.

Toledo,
como representante de su empresa Salto Ángel Consulting, dirigió la campaña de Nuevas Ideas
para las elecciones legislativas, en las que ese partido conquistó 56 de 84 escaños de la
Asamblea. 

La
contundente victoria ocurrió en el marco de una de las contiendas más
desiguales. El partido de Bukele destinó 8,7 millones de dólares para la campaña en
radio, televisión, impresos y redes, versus los 3,6 millones de los otros ocho
partidos, según un informe de Acción Ciudadana. Y eso sin contar con el efecto
del reparto desde el Ejecutivo de despensas (canastas de alimentos) a los
hogares salvadoreños compradas en México, Panamá y Estados Unidos, por un monto
superior a los 200 millones de dólares, que fueron repartidas de mayo de 2020 a
febrero de 2021, antes de las elecciones.

En
noviembre de 2019, Juan Carlos Gutiérrez -ex abogado de Leopoldo López,  apoderado de Juan Guaidó para
rastrear la riqueza que se fugó de Venezuela y para gestionar su recuperación ante la
Unión Europea- fue designado por Bukele como asesor anticorrupción de la
Presidencia salvadoreña. Desde el 26 de noviembre de 2019, Gutiérrez participó
en las actividades para el establecimiento de una Comisión Internacional contra
la Impunidad en El Salvador (Cicíes), en coordinación con la Organización de
Estados Americanos (OEA), y para la creación de una unidad para investigar la
corrupción desde la Policía Nacional Civil. 

En abril
de 2020, mientras sucedían las primeras compras de la pandemia, Juan Carlos
Gutiérrez renunció y partió a España, donde es socio de Cremades & Calvo-Sotelo, un escritorio jurídico privado, el bufete de Madrid que coordinó la defensa de Leopoldo López cuando este fue apresado por el gobierno de Nicolás Maduro. Consultado por su salida del Gobierno,
Gutiérrez dijo a El Faro el 8 de abril de 2021 que no haría comentarios: “Por
razones éticas y legales no puedo suministrar más
información”. 

Según la
propaganda oficial, en noviembre de 2019, el Plan de Control Territorial (PCT) para la seguridad ya llevaba cuatro meses de haberse
implementado. Un
venezolano cercano a los asesores reveló a El Faro que el encargado de trabajar
ese plan -al menos el documento- no fue el entonces ministro de Seguridad y
Justicia, Rogelio Rivas, sino Santiago Rosas. Sobre eso, un funcionario del gobierno confirmó lo siguiente: “Él era el principal asesor del Ministerio de
Seguridad y elaboraba las estrategias sin consultar con el entonces ministro
Rogelio Rivas. Fue el encargado de diseñar el Plan de Control
Territorial”.

El 5 de
septiembre de 2019, el empresario textil Rodrigo Bolaños, reconocido por
impulsar programas de responsabilidad empresarial en temas de
rehabilitación y reinserción, presentó al venezolano como un interlocutor del gobierno. «Hoy nos acompañó Santiago Rosas, master en Oxford, encargado del tema
de rehabilitación y reinserción. Estoy seguro que su aporte fortalecerá las
iniciativas del nuevo gobierno en esta área. Bienvenido”, publicó Bolaños en su cuenta de
Twitter ese
día. 

El
embajador del Reino Unido, David Lelliot contestó la
publicación: “Me
da gusto ver a un becario Chevening tomando un papel tan importante en El
Salvador”. Chevening es el principal programa de becas de estudios de posgrado
del Reino Unido. Dos funcionarios dijeron a El Faro que, tras la irrupción del
presidente Bukele con militares a la Asamblea para presionar a los diputados por
la aprobación de un préstamo del Plan de Control Territorial, Rosas
renunció. 

Junto a
Rosas, el venezolano Ernesto Herrera Núñez asesoró al Ministerio de Seguridad,
según estas mismas dos fuentes del gobierno. Sobre Herrera no aportaron más
detalles acerca de sus funciones. 

Rosas y Herrera trabajaron en la alcaldía de El Hatillo, un municipio de clase media y alta del estado Miranda sobre las montañas al sureste de Caracas, entre 2013 y 2017, cuando estaba a cargo del joven dirigente de VP, David Smolansky, cercano a Lester Toledo y en el exilio de 2018. Actualmente forma parte del equipo del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en Washington, en el rol de comisionado de esa organización para los
migrantes y refugiados venezolanos.  En ese periodo, Rosas era el director
de gestión de la Policía Municipal y Coordinador de Planificación Estratégica y
Transparencia; y Herrera, investigador de estrategias de optimización policial
para la Policía en El Hatillo. En 2018, ambos trabajaron con Amnistía
Internacional una “Propuesta de Reingeniería de la
Seguridad Ciudadana” para “reducir los homicidios y la delincuencia en
Venezuela”.

*Con
reportes de Efrén Lemus y Sergio Arauz.

** Este reportaje fue publicado por El Faro de San Salvador y cedido de manera explícita y exclusiva a Armando.info para su reproducción en el mercado venezolano.