Nueve horas y 28 minutos tardó Hugo Chávez en dar cuenta de su gestión en enero de 2012. Habló casi el mismo tiempo que demora un vuelo Caracas-Madrid sin escalas. Pero nadie recuerda lo que él dijo. Sólo prevalece la frase “expropiar es robar” que la dirigente opositora María Corina Machado le espetó en su cara, a todo pulmón y con micrófono abierto desde su asiento en la Asamblea Nacional.
Tal afirmación adquiere hoy especial relevancia con la amenaza de la diputada a la Asamblea Nacional chavista, Iris Valera. La funcionaria está decidida a «radicalizar el socialismo» y enfocará su trabajo parlamentario en confiscar las propiedades de la diáspora venezolana. Así es como pretende convertir mansiones en «clínicas populares”.
Varela ya sabe cómo lo hará. Se lo comentó a Últimas Noticias. Primero, emitirá un decreto donde se establecerá la medida. Luego, publicará la lista de los inmuebles y terrenos de los que se apropiará y la identidad de sus nuevos dueños.
Considerando que ocupa la silla de la segunda vicepresidencia de la Asamblea fraudulenta, su camino parece sin obstáculos. Pero lo cierto es que la Corte Penal Internacional (CPI) tomará conocimiento de sus acciones. Así lo asegura a PanAm Post la delegada de World Jurist Association (WJA) ante la CPI, Tamara Sujú, quien también es la directora ejecutiva del Instituto Casla.
Declaraciones documentadas
Las intenciones de Varela han sido seguidas y documentadas por Sujú. La abogada afirmó a PanAm Post que las declaraciones de la diputada del parlamento chavista “se suman a la acusación en su contra” que ya existe en el tribunal internacional a raíz de “su inducción y complicidad en la represión sucedida el mes de febrero de 2019, cuando armó y sacó a reprimir a los presos comunes”. En efecto, Sujú señala que Varela constituye un eslabón en la represión que ejecuta el régimen de Maduro porque “bajo su mando, cuando era ministra de Asuntos Penitenciarios, el encarcelamiento, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de presos políticos se registraron a lo ancho y largo del país”.
La denuncia que ahora se agrega hace crecer el expediente y “sirve para demostrar cómo la represión sistemática continúa, cómo los altos funcionarios envalentonados amenazan, intimidan y reprimen a pesar de que andan por el mundo diciendo que son respetuosos de los derechos humanos”, apunta la abogada.
En cuanto a una nueva ola de expropiaciones, esto representaría otro robo «como han hecho durante 20 años, porque así actúan, como hampones”, agrega Sujú.
Las consecuencias para Varela en el momento en que se inicie una investigación “que vendrá pronto”, según Sujú, resultarán en “una orden de aprehensión internacional” en contra de Varela, apodada por Chávez como “ la fosforito”.
Una estrategia fracasada
Revivir los episodios de confiscación sólo evidenciará el fracaso de esta estrategia del régimen, analiza La Nación. Para el medio “el tiempo fue demostrando que las nacionalizaciones que Chávez comenzó al calor de la bonanza petrolera son una de las principales claves de la debacle económica de Venezuela”.
Y ahora Maduro continúa con la obra de su antecesor en condiciones muy distintas: ya poco queda por expropiar. La realidad lo demuestra. Según la información recogida por La Nación, las estadísticas del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) y de la patronal Conindustria indican que en 21 años de «revolución» más de 5000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas por el socialismo y que de ellas, solo sobreviven 3000.
“No se conoce un solo éxito económico entre todas”, divulga el medio. Y no se equivoca ni exagera. Estrategia y Negocios reveló que en 2008 se registraban poco más de 800.000 empresas en Venezuela y en 2017 el número de compañías activas se redujo a 270.000.
Represión con quiebras
El papel de Valera fue determinante durante el periodo que Sujú describe como de mayor represión. El Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio) informaba en aquel momento que 1200 comercios perdían su capacidad de volver a abrir, debido al nivel de destrucción de sus negocios.
«Sin duda se trata de un daño cuantioso a la economía nacional. Venezuela es hoy un cementerio de empresas, incluyendo las expropiadas en el sector petrolero, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que han ganado al Estado en los tribunales», comentó a La Nación el diputado exiliado José Guerra.
«Venezuela es el peor ejemplo que existe en el mundo”, señala Francisco Martínez, expresidente de la patronal Fedecámaras. Para él, el problema no es tanto la expropiación en sí misma, sino todo el camino que desemboca en el cierre de las empresas. “Cuando se apropian indebidamente de la propiedad privada terminan destruyendo la propiedad privada, pulverizando a las empresas y devastando al país” indica en La Nación.
Para Martínez, esa disposición constituye un «manejo irresponsable» que va más allá al promover un marco legal que impide atraer inversiones y levanta un cerco legal a las empresas que no pueden expropiar. Les imponen a las empresas una «camisa de fuerza» que les impide operar.
Los cadáveres de la expropiación
Cuando asumió Hugo Chávez, Venezuela contaba con 12700 industrias privadas. De esa cantidad, solo queda una tercera parte del parque industrial, precisa Conindustria.
Tal como destaca La Nación “si algo sobra en Venezuela son los cadáveres de esta política, empezando por Agroisleña, cuya intervención y reconversión en Agropatria horadó profundamente la producción de alimentos”. Hoy sólo quedan sombras del otrora Banco Agrícola de Venezuela, valuado en 450 millones de dólares y cuyos dueños jamás fueron indemnizados.
Otro ejemplo es Hacienda Bolívar que abastecía parte del mercado de carne con su ganadería. Su quiebra está a la vista, como la de Kelloggs, Aceites Diana, casi todos los centrales azucareros, Lácteos Los Andes, el 60 % de los bancos del país, Conferrys para transporte marítimo y más.
El panorama de la base industrial es desolador. Sólo opera el 30 % de la capacidad instalada del país pero su alcance no llega al 60 %. «Son niveles muy precarios porque la expropiación es la peor ruta” sentencia La Nación. Pero Iris Valera quiere transitar esa ruta, revocando la nacionalidad a quienes se opongan.
Fuente: PanAmPost
