Out en la goma. El gobierno de Nicolás Maduro intervino este viernes el equipo Bravos de Margarita, como parte del embargo que se ha realizado a los bienes del empresario Tobías Carrero Nácar, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia.

El Ministerio de Industrias y Producción Nacional, diseñó una Junta Interventora Especial de las empresas relacionadas con Carrero, entre ellas Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros, que pasó por un control temporal del Estado tras la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido al incumplimiento de una política presentada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en 2004.

Al frente de la intervención del equipo perteneciente a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) fue designado Julio Villarreal, quien se presentó este 17 de julio al estadio Nueva Esparta, en Guatamare, como parte del proceso que implica que estas empresas fueron embargadas por el Estado.

Ponchados sin tirarle

Bravos de Margarita es propiedad de Carrero desde 2006, cuando compró la franquicia Pastora de Los Llanos y la mudó al oriente venezolano.

Cuando se efectuó aquella venta, la familia Finol, propietarios originales desde que nacieron como Petroleros de Cabimas en 1991, conservaba el 30 por ciento del paquete accionario.

Los interventores designados de acuerdo a la Gaceta Oficial N ° 41.811, son Villarreal, quien asume la presidencia y los directores Ysmer Gómez Serrano, José Manuel Suárez Matheus, Nelson José García y Ender Montiel Montilla.

Todos responden sus acciones al ministro Tareck El-Aissami, orientado a la “administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo las atribuciones que la ley y los estatutos confieren a las máximas autoridades de las respectivas sociedades mercantiles”.

Villarreal, quien sería el nuevo propietario de la institución es golfista y miembro de la junta directiva de La Lagunita Country Club.

El equipo isleño se unió a los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua, como franquicias que tienen vínculos con funcionarios adscritos a la Administración de Nicolás Maduro.

Ejecutivos de la LVBP mostraron temor por lo que significa esta medida, que pone a los orientales en la ruta a ser sancionados por la MLB, del mismo modo que lo están Tigres y Navegantes, destacó el portal especializado en beisbol El Emergente.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos determinó en diciembre que las escuadras de la pelota criolla pueden usar a sus jugadores y personal de la Gran Carpa siempre y cuando estén manejadas por manos privadas.

La situación recuerda la intervención de Guaiqueríes de Margarita, del baloncesto profesional, como parte de la toma de empresas pertenecientes a Conferry y la familia Tovar.

La gran diferencia es que el basquet nativo no corría con ello el riesgo de una intervención o veto internacional.

 

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