El régimen venezolano paga parte de la sociedad con Irán dando libertad de acción a células activas de Hezbolah que se mueven entre Venezuela y Colombia y que elevan los costos de seguridad al hemisferio.

Redacción | Primer Informe

El régimen de Nicolás Maduro sigue afianzando su sociedad con grupos terroristas como Hezbolá, el cual se encuentra jugando un papel cada vez más importante en el sostenimiento de las operaciones criminales del gobierno chavista, que incluye el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero a gran escala a través de criptomonedas, según un reciente informe publicado en Washington.

Estas redes criminales del terrorismo islámico están organizadas en tres clanes en Venezuela, los cuales participan en operaciones financieras a favor del régimen en momentos en que sus ingresos habituales se van a pique como consecuencia de las sanciones norteamericanas.

El pago que Maduro les efectúa es la protección y la liberad para accionar, ubicando a Venezuela como uno de los centros de operaciones más importantes para el grupo islámico considerado como una peligrosa organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, como revela un estudio divulgado por el Atlantic Council.

El documento titulado “El Nexo Maduro-Hezbolá”, elaborado por Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para Una Sociedad Libre y Segura indica que “para muchos líderes de América Latina, Hezbolá es un problema remoto, alejado de las preocupaciones locales, mientras que para quienes toman las decisiones en Estados Unidos y Europa, América Latina no es una prioridad en los esfuerzos contra el terrorismo, hoy concentrados principalmente en el Medio Oriente y África del Norte”.

Sin embargo, esa percepción ha creado el escenario para un vacío legal y carencias políticas “explotado por el régimen de Maduro y Hezbolá para convertir a Venezuela en un eje central para la convergencia entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional”, comenta “El Nexo Maduro-Hezbolá”.

Es decir, el régimen de Nicolás Maduro no solo ha hecho de Venezuela una plataforma segura para las operaciones criminales de Hezbolá, sino que pasó a depender de la organización islámica en cierta medida para mantenerse en el poder, dijo Humire.

La red de apoyo de Hezbolá en Venezuela, opera por medio de clanes familiares mentalizados y arraigados en negocios ilícitos, controlados por el régimen chavista.

Muchos de los operadores de estas agrupaciones están asimilados dentro del Estado y la sociedad venezolana a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia.

Una de estas es liderada por un empresario shií Ali Mohamed Saleh, un prominente empresario identificado como agente operativo de Hezbolá a través de una investigación de la DEA, denominada Operación Titán que descubrió la red de lavado que operaba entre Colombia y Venezuela.

Esta investigación de la DEA ejecutada por más de 2 años, aparte de generar 130 detenciones y la incautación de $23 millones de dólares en fondos ilícitos transferidos desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense, también acabó una red transregional de lavado masivo de activos dirigida por Hezbolá por medio de colaboradores locales en Colombia y dirigida por Ayman Saied Joumaa.

De igual forma, un capo de la droga colombo-libanés, Ayman Joumaa, fue acusado en Estados Unidos por traficar cocaína con el grupo criminal mexicano, Los Zetas, y según el Departamento del Tesoro, dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbolá.

La Operación ejecutada por la DEA también desenmascaró la red de lavado que según operaba a través de un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mulas que transportaban enormes cantidades de dinero en efectivo entre Cúcuta y Táchira.

Saleh, según las investigaciones ejecutadas por Estados Unidos, también dirigió la red de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta en el procedimiento, razón por la cual fue catalogado como financista del terrorismo por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del tesoro en 2012, junto a Kassem Mohamad Saleh, su hermano.

“Durante años, el clan Saleh controló los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando de efectivo y lavado de dinero en Maicao, cerca de la frontera norte con Venezuela. Los cárteles locales de la droga en el oeste de Venezuela controlados por miembros del régimen de Maduro, principalmente en el estado de Zulia, se benefician de este comercio transfronterizo ilícito una vez administrado por el clan Saleh”, resalta el informe.

“Según los comerciantes de Maicao, los hermanos Saleh huyeron súbitamente a Venezuela después de ser sancionados en 2012, y ahora se encuentran en Maracaibo trabajando con otro clan libanés prominente e incrustado en la burocracia del régimen de Maduro”, agregó el estudio.

Otra de las agrupaciones señaladas en la investigación está liderada por Ghazi Nassereddine, también sancionado por la OFAC en el 2008 por estar involucrado por Hezbolá y demás fue calificado como una persona de interés por el FBI en el 2015.

El mayor de los Nassareddine, Abdallah, es reconocido en la otrora Perla del Caribe, Isla de Margarita, por ser un prominente comerciante. Es dueño de varias propiedades inmobiliarias en el estado Nueva Esparta en Venezuela.

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El clan de origen libanés, alcanzó el liderazgo político en Venezuela luego de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de la nación sudamericana en 1998. Ghazi fue parte del ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela, siendo diplomático oficial. Su hermano mayor fue una figura importante, aunque de bajo perfil en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sirviendo como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.

En la embajada de la República Bolivariana en Damasco, Siria, Ghazi Nassereddine ayudó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá.

Informes de la DEA, aseguran que en el 2009 o alrededor de esa fecha Ghazi Nassereddine organizó una reunión en Siria entre Hezbolá y el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela para la época, el también libanés, Tareck El Aissami y Hugo Carval Barrios quien fungía como jefe de contrainteligencia militar.

La reunión supuestamente condujo a un esquema de intercambio de armas por cocaína entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización islámica que se materializó en el 2014, “cuando un avión de carga libanés lleno de armas pequeñas (AK-103 y lanzagranadas) arribó al hangar presidencial (rampa 4) del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas”, menciona el informe de la DEA.

“Las armas supuestamente eran un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico, Venezuela”, agrega.

Considerado como un colaborador cercano de Maduro, el exdiplomático Ghazi Nassereddine actualmente dirige el “think tank” venezolano Global AZ y ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que salió de Siria en el 2011.

Las autoridades estadounidenses sospechan que miembros del clan Nassereddine dirigen varias operaciones de adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y de drogas en Venezuela.

Las autoridades también creen que un miembro del clan Nassereddine está a cargo de la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex vicepresidente Tareck El Aissami.

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El otro clan opera entre Colombia y Venezuela

Maicao fue históricamente un centro comercial para los venezolanos en épocas de bonanzas. Ubicado en el departamento de La Guajira es el hogar de una gran concentración de inmigrantes libaneses que se remonta al siglo XIX.

En 2017, Migración Colombia deportó a uno de sus residentes, financista del grupo Hezbolá con doble nacionalidad venezolana-libanesa: Abdala Rada Ramel, bajo sospecha de que dirigía una red de tráfico de drogas y contrabando que se extendía desde Maicao hasta Cartagena.

El informe resalta que el financista deportado es un miembro destacado del clan Rada, agrupación conocida por tener estrechos vínculos con un líder de alto nivel dentro de Hezbolá.

En una entrevista con autoridades colombianas, Abdala Rada Ramel reveló que las actividades ilícitas que ejercía en Colombia las realizaba en coordinación con su “supervisor” Salman Raouf Salman, líder de Hezbolá que actúa bajo las sombras y que está implicado en numerosas operaciones terroristas en todo el mundo.

Abdala Rada Ramel figura dentro de Hezbolá por haber participado en dos de atentados con dinamita en Buenos Aires, Argentina en 1992 y 1994. Rada enfrenta una orden de captura internacional emitida por la nación argentina en 2009, una designación de terrorista de la OFAC en el 2019 y una recompensa de $7 millones.

Según el estudio a Rada se le atribuye la construcción de las redes de apoyo a Hezbolá a lo largo de América Latina.

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