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Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de la mencionada ONG, manifestó su complacencia por la reactivación del servicio de administración de justicia y se imponga el Estado de derecho en el país. | Foto: Prensa Justicia Venezolana

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana desarrolló, la tarde de este miércoles, un forochat donde la abogada Lilia Camejo, directora ejecutiva de esta institución; y el Dr. Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público; ahondaron en las irregularidades que supone el juzgamiento de militares activos en jurisdicción especial de terrorismo.

A juicio de Camejo, defensora de derechos humanos y especialista en justicia militar, se trata de un hecho que supone una grave violación al debido proceso, por ser la justicia penal militar el foro natural para juzgar a miembros del sector castrense que cometen delitos.

 

Por su parte, el jurista Mundaray, advirtiendo que esto obedece más a razones políticas que procesales, señaló que los delitos de terrorismo se han convertido en “comodín” para juzgar a civiles y militares, sin sustento jurídico.

Sobre este tema, subrayó que quienes ejercen funciones de Estado apelan a llevar a los militares a la jurisdicción especial de terrorismo debido a que el Código Orgánico de Justicia Militar limita las actuaciones penales contra los castrenses al territorio nacional e impide enjuiciar a militares, así como emitir alertas ante la Interpol y demás organismos internacionales.

En este sentido, el profesional del derecho agregó que hay informes de organismos internacionales donde se reconoce el uso de la jurisdicción militar para “condenar a unos y dar impunidad a otros” .

En el panel donde participaron abogados, estudiantes de derecho, ex presos politicos militares y oyentes de diversos países; Mundaray acotó que hoy son “imprecisas” y “peligrosas” las definiciones del delito de terrorismo en la ley respectiva venezolana.

Al respecto, el abogado supuso que toda esta política busca intimidar a la sociedad civil para evitar la protesta en el país.

Nota de Prensa

Fuente: La Patilla