Ley antibloqueo en Venezuela profundizaría el autoritarismo de Maduro | DW | 02.10.2020

Las medidas económicas que ha tomado Nicolás Maduro en Venezuela tienden a generar más críticas que elogios, y las consecuencias son evidencia del fracaso que han tenido en el pasado. El nuevo proyecto de ley antibloqueo no escapa de las críticas de analistas financieros, pero también devela entre líneas cómo el Ejecutivo regirá la economía venezolana de cara a más sanciones internacionales y una interminable crisis económica donde Venezuela cumple 7 años en recesión y 5 años con la hiperinflación más alta del mundo.

El nuevo proyecto de ley antibloqueo nace en medio de una turbulencia geopolítica que pone en riesgo la permanencia del chavismo en el poder. En primer lugar, para los analistas resultó contradictorio que Nicolás Maduro entregara el texto de la ley para que sea aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuando hace apenas un mes anunció que este órgano, creado por él mismo, cesaría operaciones en diciembre 2020, cuando una nueva Asamblea Nacional (AN) sería electa.

La ANC es considerada ilegítima por los más de 50 países que apoyan a la AN, de mayoría opositora. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli dijo en entrevista con DW que considera que aprobar esa ley sería inconstitucional ya que «independientemente de su ilegitimidad, en la forma en que fue convocada y designada, la Asamblea Constituyente en Venezuela tiene como mandato redactar una nueva Constitución y no sustituir a ningún poder constituido, como es el caso de AN, que ha sido maniatada por decisiones judiciales impresentables. Eso es una usurpación de las funciones de la AN».

No sería la primera vez que la ANC aprueba leyes entre críticas de usurpación de funciones, pero resulta contradictorio darle esa responsabilidad, a pocos meses de un supuesto cese de sus operaciones y unas cuestionadas elecciones parlamentarias donde la mayoría opositora no participará. Para Rafalli «la ley antibloqueo es una ley que, curiosamente, se presenta en medio de una serie de dudas del fraude electoral que se ha convocado para el 6 de diciembre, es decir, después que la Unión Europea (UE) dijera que no había condiciones, se retiraron los candidatos de Capriles, de la Fuerza del Cambio y, además de eso, hay una especie de corriente muy clara, en el sentido de que ese evento electoral sería un fraude».

Enmarcada en medidas para contrarrestar las sanciones internacionales que han afectado aún más la economía venezolana, el proyecto de ley antibloqueo profundiza hacia afuera la noción de un creciente autoritarismo en Venezuela, ya que otorga poderes excepcionales a Nicolás Maduro. Pero tampoco sería un cambio drástico a los poderes ejecutivos que ejerce actualmente el mandatario venezolano, pues desde 2015 se han aprobado 27 decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica que otorgan al presidente funciones similares a la del nuevo proyecto de ley.

¿Qué cambia con la ley antibloqueo? 

Mientras los decretos de emergencia económica han sido la respuesta del chavismo a lo que llaman una «guerra económica», la ley antibloqueo se refiere a las sanciones de EE. UU. como la causa de los problemas de la economía venezolana. El economista Ronald Balza explicó a DW que la nueva ley «permite hacer énfasis en el enemigo exterior más que en el interior». Esto supone que más que medidas económicas son estrategias políticas, ya que «pretende vincular las disposiciones de la ley con la legislación internacional, lo que puede obligar a organismos multilaterales mencionados a sentar posición sobre sanciones unilaterales impuestas por otros gobiernos» dice Balza.

Un aspecto que ha llamado la atención de algunos analistas  es que la ley otorgaría Nicolás Maduro el poder para modificar o administrar el funcionamiento de las empresas públicas y mixtas, y cómo dicha ley se relaciona con las empresas privadas para reactivar las que están paradas. Para Balza es una novedad que se establezca un «posible reconocimiento de propiedad a dueños que fueron limitados en su ejercicio, aunque la aprobación del plan para poner empresas a funcionar sigue dando al gobierno la última palabra».

La propuesta de Maduro no solo apunta a que el gobierno podría restituir a antiguos dueños sus empresas expropiadas. También podría abrir las puertas para la privatización de empresas públicas que vienen fallando en sus servicios o una mayor inversión de países aliados en las industrias venezolanas que han decaído, como la petrolera PDVSA. Según Balza «insistir en el poder supraconstitucional del Ejecutivo y la ANC, puede facilitar alianzas o apoyos de países como Rusia, Irán o China. Es decir, que las sanciones, en lugar de debilitar a Maduro, facilitan a países contrarios a EE. UU. alianzas con su gobierno».

Derechos Humanos con restricciones

Los anuncios que promueven la presentación de la ley antibloqueo explican que el marco normativo busca garantizar la vigencia de los Derechos Humanos frente al impacto que generan las sanciones sobre la economía venezolana. Sin embargo, Ronald Balza explica que «de los derechos mencionados, destacan los de vida y salud, pero se restringen los de acceso a información». Además, «los informes y estadísticas que permitirían al Ejecutivo desaplicar normas no necesariamente serían divulgados, siendo retenidos o mediados por un Observatorio contemplado en la nueva ley» aclara Balza.
Para el abogado Juan Manuel Rafalli, mucho de lo que contempla la ley en sí es inconstitucional ya que «supone cambiar el sistema de gobierno y convertir esto es un presidencialismo sin controles de gestión, sin régimen presupuestario, sin libertad de información, es decir, es una ley propia de regímenes totalitarios». A pesar de los aspectos que podrían ser vistos como positivos para defender y reactivar la economía en Venezuela, los pronósticos económicos no mejoran. Las fallas de la propuesta de ley en aportar transparencia y contraloría al marco normativo podría generar «unos ingresos provenientes de los aliados que tiene este régimen pero que entren a engrosar las arcas no de la república, sino de la corrupción galopante que hay en el país» sentencia Rafalli.

(cp)