Un banco oculto en el radar sirvió a los ‘bolichicos’

En 2015 todos
los ojos parecían estar sobre los llamados bolichicos de Derwick, los jóvenes
magnates de la energía salidos casi de la nada que se enriquecieron en la crisis
eléctrica que vivió Venezuela hace una década y que persiste como un déjá vu con cada parpadeo de la luz.

Ese año el
Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a las autoridades suizas
asistencia y cooperación para investigar si la empresa Derwick Associates
Corporation, y sus socios, empleaban cuentas en bancos de ese país para
legitimar capitales vinculados a la corrupción en la petrolera estatal
venezolana Pdvsa.

Era solo una
de las investigaciones que se les seguía. En marzo de 2015, el ex fiscal del
Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, también solicitó información a 18
bancos suizos sobre las transacciones realizadas por representantes del grupo
empresarial venezolano. Investigaba a Derwick Associates Corporation y ProEnergy
Services por posibles violaciones de la Ley Bancaria de Nueva York y de la Ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que sanciona a quienes ofrezcan pagos
indebidos a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener ventajas
comerciales y contractuales.

Suiza, famosa
entre otras cosas por sus más de 500 años de neutralidad bélica y su secreto bancario, había empezado a ablandar esta última tradición luego que las
autoridades estadounidenses presionaron en 2010 a las entidades bancarias del
país helvético para que dieran información al Servicio de Impuestos Internos de
Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) sobre más de 4.000 cuentas
abiertas con el presunto objetivo de evadir impuestos. De modo que para 2015 la
neutralidad suiza seguía intacta, pero su secreto bancario no. De esas
indagaciones salieron revelaciones sobre el papel de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) y su
gestor francés Charles De Beaumont, y del Julius Bär y Matías
Krull, en hacer
de Suiza un aliviadero para la fortuna que obtuvieron los bolichicos en
contratos con el chavismo.

Pero hay
bancos que quedaron fuera del radar de las investigaciones judiciales, pese a la
exposición que tuvieron. Y así fue como estos empresarios continuaron irrigando
discretamente sus recursos por una decena de bancos que ayudaron a sacar su
fortuna de Venezuela, según detallan los FinCEN Files, una nueva filtración que
BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.info.

Los FinCEN
Files comprenden 2.100 reportes secretos de actividad sospechosa (SAR, por sus
siglas en inglés) enviados por entidades bancarias de Estados Unidos a la Unidad
de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, la Red de Control de
Crímenes Financieros o FinCEN. Las alertas de transacciones sospechosas revelan
cómo, en medio de la tormenta que hizo tambalear los intereses de los socios de
Derwick en los bancos suizos, los bolichicos usaron la sucursal suiza de una
antigua entidad alemana especializada en banca privada, el Sal Oppenheim jr.
& Cie (Schweiz) AG -nunca antes mencionado en relación con esta trama, y
para entonces recién absorbido por el poderoso Deutsche Bank- para drenar sus
ganancias justo en el mismo periodo en el que los jóvenes empresarios
constituyen en Venezuela la sucursal de Derwick Associates Corporation, que les
permitió contratar sin licitación por miles de millones de dólares para arreglar
la fallida red eléctrica de Venezuela.

Derwick
Associates Corporation, dedicada a la construcción de plantas de generación
eléctrica, subestaciones, y centrales hidro y termoeléctricas, fue registrada en
Barbados en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt López —cuando este apenas
tenía 29 años— y, su primo, Pedro José Trebbau López, jóvenes procedentes de
familias de alta sociedad en Caracas. Un año después de su creación, la empresa
recibió de la estatal petrolera Pdvsa doce contratos por 2.400 millones de
dólares, adjudicados en medio de un decreto de emergencia, para la ejecución de
obras dirigidas a atender una de las mayores crisis energéticas de Venezuela
entre los años 2009 y 2010, a pesar de su escasa experiencia en el
sector.

La empresa
rápidamente abrió sucursales en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y
casi a la par comenzó a levantar sospechas al ser acusada de obtener contratos
directos gracias al pago de sobornos a altos funcionarios de Pdvsa, y de vender
equipos usados con sobreprecio utilizando como intermediaria a la compañía
estadounidense ProEnergy Services, una empresa de ingeniería y construcción
domiciliada en la pequeña población de Sedalia, en el estado de Misuri, en el
centro-oeste de Estados Unidos.

En un extenso
informe de 208 páginas presentado el 4 de abril de 2016 por el Standard
Chartered Bank of New York se identificó al Sal Oppenheim jr. & Cie
Switzerland Ltd como un banco intermediario que emplearon Leopoldo Alejandro
Betancourt López, Pedro José Trebbau Lopez, Derwick Associates y Agency Partners
Corp  —otra de las empresas
registradas por los socios en Estados Unidos—, para mover dinero, al menos hasta
2015. Las transacciones de los bolichicos en Sal Oppenheim, registradas entre
enero de 2009 y julio de 2015, fueron identificadas como sospechosas por las
autoridades bancarias por la falta de un propósito comercial y económico
legítimo, y por la incapacidad de la entidad financiera para determinar el origen
de los fondos.

Los documentos
detallan que, solo entre el 5 de diciembre del 2009 y marzo del 2010, Alejandro
Betancourt López realizó cuatro transacciones por algo más de 5,1 millones de
dólares desde sus cuentas personales en Banesco International Bank en Panamá y
Provincial Casa de Bolsa en Venezuela a sus cuentas en JP Morgan Chase Bank, en
Estados Unidos, y en el Banco Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, en
Suiza.

El mismo día
que se registra la primera transacción de Alejandro Betancourt —el 5 de
diciembre del 2009—, su socio y primo, Pedro José Trebbau López, realizó otra
por 3,4 millones de dólares que también pasó por el Sal Oppenheim. En ese
momento Venezuela enfrentaba su primer racionamiento eléctrico y Hugo Chávez
había ordenado parar los hornos de la Siderúrgica del Orinoco para reducir la
presión puesta sobre el Complejo Hidroeléctrico de Guri, del que todavía depende
70% del suministro eléctrico del país.

Entre enero de
2009 y julio de 2015, el mismo Sal Oppenheim, en su sucursal suiza, procesó un
total de 33 transacciones que en conjunto sumaban algo más de 23,3 millones de
dólares, en pagos relacionados con Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, Derwick
Associates y Agency Partners Corp, los dos últimos como entidades beneficiarias
de Betancourt y Trebbau. Las transferencias electrónicas fueron identificadas
por los oficiales de cumplimiento como sospechosas de lavado de dinero, soborno
y corrupción.

“La sucursal
consideró estas transacciones sospechosas debido a la información pública
adversa sobre las acusaciones contra Betancourt, Trebbau, D’Agostino, Derwick
Associates y Agency Partners Corp de que sobornaron a funcionarios del gobierno
venezolano para contratos en el sector energético allí y facturaron de más por
el trabajo realizado por Derwick Associates, así como el hecho de que las
transacciones a las que se hace referencia en este documento no pueden
descartarse como relacionadas con este presunto soborno y corrupción a gran
escala”, detalla el informe de investigación del Standard Chartered Bank, que
analizó varios reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

El documento
fechado en 2016 aclara que “aunque una revisión de los registros judiciales y
otras fuentes abiertas indica que aún no se han presentado cargos penales contra
las partes”, Betancourt López y Trebbau López usaron al Sal Oppenheim en la
misma época en la que, junto a su socio Francisco Antonio Convit Guruceaga,
fueron querellados en una demanda civil presentada en el estado de Florida por
el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, por los supuestos sobornos
a funcionarios de PDVSA para asegurar contratos.

Francisco
Convit sería finalmente imputado por cargos de lavado de dinero en 2018 ante una corte federal
del Sur de Florida luego de una operación, denominada Money Flight, que la oficina de Homeland Security
Investigations (HSI) llevó a cabo por dos años para desbaratar una red de
malversación y legitimación de fondos provenientes de Pdvsa. Diversas versiones de prensa
insisten en que
la acusación incluye a Alejandro Betancourt, a quien correspondería el nombre en
clave de Conspirador #2 en el documento de acusación. Sin embargo, hasta la
fecha no se han presentado cargos contra él.

Entre las
transacciones que circularon por el Sal Oppenheim destaca una en la que Derwick
envió casi doce millones de dólares a Mediterráneo Global Investments. Los
movimientos habían sido calificados como pago a proveedores. Mediterráneo Global
Investments es una compañía registrada en Panamá el 28 de julio del 2009, el
mismo año que se registró Derwick. Según el Registro Público de Panamá, la
compañía fue disuelta en agosto del 2012, pero según el reporte las
transacciones se realizaron entre julio de 2012 y febrero de 2014.

Los FinCEN
Files recogen 117 transacciones realizadas por los llamados bolichicos. En
total, 45.098.453,89 dólares circularon —pese a las sospechas que levantaron—
por trece instituciones bancarias de Europa, América y Asia, justo en el momento
en el que la lupa estaba puesta sobre 18 bancos suizos. Más de la mitad del
dinero que levantó alertas bancarias en los documentos recogidos en la
filtración —23.304.425 dólares— corresponde a las operaciones hechas a través
del Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, una entidad escasamente conocida.

Sin embargo,
Sal Oppenheim es una entidad bicentenaria fundada en la ciudad de Bonn -la ex
capital de Alemania Occidental, a orillas del río Rin- en 1789. En cierto
momento llegaría a ser la mayor operación de banca privada de Europa. Con toda
esa tradición detrás, en 2009, ya era un banco menguado a punto de
colapsar.

Cuando se
registran los movimientos de Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau con
Sal Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, el banco nodriza en Alemania
atravesaba uno de los peores momentos en su dilatada historia. En una demanda
emprendida en 2013 sus directivos fueron acusados por supuesto desfalco y
beneficio propio, lo que ocasionó daños a la entidad por 150 millones de euros.
La acusación devino condena a dos años de
prisión de Christopher von Oppenheim, descendiente del fundador, Salomón
Oppenheim.

Al rescate de
Sal Oppenheim acudió el Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, que en
2010 incorporó a su estructura el esquema de servicios dedicados especialmente a
la gestión de patrimonio privado e inversores institucionales del discreto Sal
Oppenheim. Pero en junio de 2015 la policía alemana registró las oficinas
centrales de Deutsche Bank en Fráncfort del Meno, la capital financiera de Europa, por sospechas de negocios dudosos de
algunos de los clientes del banco. Un portavoz del Deutsche Bank informó
entonces a la agencia de noticias
EFE que el
procedimiento estaba relacionado con “transacciones de dividendos dudosas de
clientes del banco Sal Oppenheim, instituto que ahora es del Deutsche
Bank”.

La marca del Sal
Oppenheim jr. & Cie fue absorbida en su totalidad por el Deutsche Bank y desapareció en
2018, cuando pasó a llamarse Deutsche Oppenheim Family Office AG. No fueron respondidas las solicitudes de
comentarios hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) al Deutsche Bank sobre este y otros casos en los que la entidad resultó involucrada en los FinCEN Files.

De acuerdo con
el análisis del ICIJ sobre los documentos de la filtración, el Deutsche Bank fue
una de las cinco entidades financieras internacionales, junto a JP Morgan, HSBC,
Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon, que más facilitaron el movimiento
de dinero sucio en beneficio de poderosos y peligrosos personajes, incluso
después de que las autoridades de Estados Unidos les avisaran de que se
enfrentarían a acusaciones criminales si no paraban de hacer negocios con
mafias, estafadores y regímenes corruptos.

Mónaco, Hong Kong y más allá

Según lo
reportado al Departamento del Tesoro, además del Sal Oppenheim jr. & Cie
(Schweiz) AG, al menos una docena de instituciones financieras permitió a los
bolichicos realizar 117 transacciones “sospechosas debido a la falta de un
propósito comercial legítimo”, entre enero de 2010 y marzo de 2017. Así, aunque
ya estaban inmersos en un escándalo de corrupción, pudieron seguir moviendo
dinero entre Canadá, Costa Rica, Panamá, Mónaco, Curazao, Estados Unidos y Hong
Kong, utilizando subsidiarias de grandes bancos globales, que son el corazón del
sistema financiero mundial por su rol de corresponsales.

Un reporte
presentado por el HSBC Bank USA determinó que entre abril de 2011 y noviembre de
2015 Derwick Corporation envió 43 transacciones a entidades o individuos
diferentes, que el HSBC no pudo identificar bajo el paraguas de “negocio
legítimo” o con un propósito económico determinado. Una docena de ellas
terminaron en las cuentas de otro de sus socios, Edgar Romero Lazo, e incluyeron
1,6 millones de dólares en pagos recibidos entre 2013 y 2015. Otras operaciones
registradas en 2016 por un total de 842.659 dólares terminaron en la Fundación
Nemone, registrada en Panamá. De esta fundación, a su vez, se movió dinero hacia
las cuentas de Edgar Romero Lazo en el Banco Credinvest de Suiza, a través del
HBSC. Todos fueron movimientos calificados sin propósito legítimo por los
oficiales de cumplimiento de los bancos.

La Fundación
Nemone forma parte del grupo de inversores O’Hara que, de forma progresiva,
junto a Telmaven, Volbor, Memphis, Agency Partner y Adar —del llamado Maradona de los bonos, Diego Marynberg— compró las acciones de la petrolera Pacific
Rubiales, registrada en Canadá pero con operaciones en
Colombia.

Esta operación
llevó a Alejandro Betancourt y sus socios a controlar el 19,65% del capital de
la compañía. Un año después de esa compra de acciones en Pacific Rubiales, en
abril de 2016, Felipe Goyeneche, accionista de la compañía, denunció a los
directivos de Derwick Associates asegurando que “dichos empresarios extranjeros,
utilizando sus empresas, llegan a otros países con el objetivo de legalizar
dineros mediante la inversión en diferentes empresas nacionales o
multinacionales. En el caso
particular, la compañía Derwick Associates realizó compra de acciones en la
multinacional Pacific Exploration & Production, con capitales de dudosa
procedencia, obtenidos generalmente en sus países de origen”, según
declaraciones ofrecidas al diario LaRepublica.com.

El fondo de
Inversiones O’Hara fue fundado en 2014, meses antes de la compra de las acciones
de Pacific Rubiales, por Alejandro
Betancourt y otro de sus socios, Orlando Alvarado. En el sitio web de la
compañía se señala que su “función principal es centralizar la administración
del fondo familiar a fin de obtener mayor ganancia de capital a través de
diversos tipos de inversión, dentro de los cuales se encuentran, la inversión en
bienes raíces comerciales, patrocinio de fondos de cobertura, y la inversión en
capital privado y capital de riesgo”.

Poco duraron
los bolichicos en este negocio petrolero. En 2016, luego de reportar pérdidas
masivas que alcanzaron los 900 millones de dólares durante el primer trimestre
de ese año, Pacific Rubiales llegó a un arreglo con un fondo de inversión
canadiense llamado Catalyst Capital Group. El fondo asumió la reestructuración
de la empresa a cambio del 100% de las nuevas acciones y los inversionistas de
Derwick quedaron fuera.

Otro de los
directivos de Derwick que menciona el reporte de actividad sospechosa presentado
por el HSBC Bank es Pedro José Trebbau, quien entre noviembre de 2014 y
septiembre 2015 recibió ocho transacciones por un total de 422.800 dólares
enviados desde cuentas de la empresa Logistic Asset Management LTD, identificada
como una corporación propiedad de Trebbau registrada en la isla de Nevis -en la
nación caribeña de San Cristóbal y Nieves; en inglés, Saint Kitts and Nevis-, a
sus cuentas personales.

Trebbau fue
identificado en el SAR como “director de Derwick, quien supuestamente hizo
ofertas de soborno a Javier Alvarado Pardi para los contratos de Corpoelec”.
Alvarado Pardi es hijo del entonces presidente de la Electricidad de Caracas y
viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Andrés Alvarado Ochoa, para el
momento del otorgamiento de los contratos entregados a Derwick destinados a
atender la emergencia eléctrica. Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid
el año pasado por esas acusaciones de corrupción.

Kayland
Holdings LTD también figura en los documentos de la FinCEN. Se trata de una
entidad que figura en la filtración de los Paradise Papers —también coordinada
por el ICIJ— como una empresa fantasma panameña utilizada por Derwick Oil &
Gas para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures B. Entre el 14
de marzo y el 26 de agosto de 2014, Kayland Holdings envió dos transferencias
por un total de 2,5 millones de dólares. Una por 500.000 dólares a una cuenta
del socio de Edgar Romero Lazo en HSBC Private Bank SA en Mónaco y otra por dos
millones de dólares destinada a Derwick Associates
Corporation.

Otras filtraciones habían revelado cómo, un año antes de
estas operaciones reflejadas en los FinCEN FIles, la asociación de Derwick Oil
& Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V hizo circular el dinero de
los bolichicos por el Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), un banco suizo
familiar, fundado en 1975 como casa de corretaje y prestadora de servicios de
acciones y materias primas. El reporte identifica a Kayland como “como una
compañía fantasma panameña”.

Una
investigación realizada por El
Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es en
2019 reveló que Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), a través de intermediarios,
conformó una cartera de clientes venezolanos para lavar dinero de la petrolera
venezolana, entre ellos Derwick y su directiva: Pedro José Trebbau, Francisco
Antonio Convit, Edgar Romero Lazo y Domingo Guzmán López. Demostró, además, que
parte de los negocios drenados a través del CBH también pasaron por el HSBC
Bank.

El HSBC Bank
no respondió a las preguntas enviadas por el ICIJ para las investigaciones de
los FinCEN Files. En un comunicado dijeron que no podían referirse a los
reportes de actividades sospechosas ni a clientes específicos. “Toda la
información proporcionada por el ICIJ es histórica y anterior a la conclusión de nuestro Acuerdo de
enjuiciamiento diferido (DPA) en 2017. A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje
de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros
en más de 60 jurisdicciones”, agregaron.

La traza del
dinero de los bolichicos también alcanzó al JP Morgan, el mayor banco de Estados
Unidos. Entre el fajo de transacciones sospechosas que procesó esta entidad que
figuran en los FinCEN Files hay 2,1 millones de dólares que movieron Betancourt
y sus socios entre 2011 y 2012.

Interrogado
por el ICIJ sobre las alertas que dispararon sus movimientos bancarios,
Alejandro Betancourt emitió una breve respuesta a través de un correo
electrónico de su abogado Jon Sale: “Mi cliente niega haber cometido algún
delito».

Borrar la huella financiera

En junio del
2016, los reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales
estadounidenses registros financieros relacionados con Pdvsa en al menos 18
bancos, como ayuda para la investigación que adelanta el Departamento de
Justicia de Estados Unidos contra los representantes de Derwick Associates. Para
evitar que la investigación de sus cuentas siguiera adelante los llamados
bolichicos interpusieron un recurso de apelación. Sin embargo, la sentencia del
recurso emitida por el Tribunal Penal Federal de Suiza afirma que las
autoridades de ese país siguen colaborando con Estados
Unidos.

En una nueva
acción para frenar que los bancos suizos revelaran datos del movimiento del
dinero, el 23 de mayo de 2019 Derwick presentó un segundo recurso de apelación,
que fue nuevamente declarado inadmisible. Con ello, Suiza y sus instituciones
bancarias reafirmaron la decisión de colaborar con la investigación del
Departamento de Justicia de Estados Unidos aportando los registros financieros
de 18 instituciones entre las que se cuentan UBS AG, EFG Bank AG y Compagnie
Bancaire Helvétique SA (CBH).

Pese a las
trazas de sospechas que el sistema bancario ha levantado sobre el posible origen
ilícito de la fortuna de los socios de Derwick Associates, ninguna de las
investigaciones ha logrado detener el crecimiento empresarial de los jóvenes
venezolanos, incluso dentro de la misma banca. Hoy, el nombre de Alejandro
Betancourt, su fotografía sonriente con camisa casual blanca y una extensa
biografía destacan en el website
oharafinancial.com, un catálogo de parte de sus negocios.
En España, se cuentan las empresas Hawkers, dedicada a la venta de lentes de sol
de bajo costo, en la que Betancourt y los fundadores de la compañía telefónica
Tuenti invirtieron 50 millones de euros en 2016; Jobandtalent, un market place fundado en 2009 en el que
se contacta a personas desempleadas con potenciales empleadores; y Easy Payment
Gateway, una plataforma de pagos digitales creada en 2014 y que para 2018 decía
haber recaudado 11,9 millones de dólares.

Alejandro
Betancourt también se asoció con el empresario español vinculado al sector de la
construcción, Alberto Cortina, en la compra del BDK Financial Group (Banque de
Dakar), una entidad senegalesa fundada en 2015, en la que el empresario
venezolano ostenta un 20% del capital.
Con sedes en Luxemburgo, Costa de Marfil y Guinea-Bissau, el objetivo del
holding financiero es extenderse además a Benín, Burkina Faso, Malí, Níger y
Togo, países que integran la Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA), la zona de moneda única asociada al franco francés del oeste
subsahariano.

Betancourt
trasladó su lugar de residencia y sus negocios a España, donde se le conoce como
un empresario de éxito y que ha dedicado grandes esfuerzos por desmarcarse de su
pasado, al punto que contrató a Rudolph Giuliani, el abogado
personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, para persuadir al
Departamento de Justicia de abandonar una investigación que lo vincula con un
caso de lavado de dinero y soborno en Florida. Pero los reportes a la FinCEN
muestran que el pasado siempre puede regresar, incluso cuando se oculta en un
pequeño banco fuera del radar de las sospechas.