Amsterdam fue la estación final del dinero del Metro de Caracas

Parte de los fondos destinados para expandir el Metro de Caracas terminaron en Holanda.
La ruta del dinero evidenciada en los llamados FinCEN Files por primera vez
muestra que la constructora brasileña Odebrecht, que quedó debiendo a la capital
venezolana obras contratadas como el Cabletrén de Petare, se ocupó en cambio de
completar una autopista financiera que desvió el dinero del Metro de Los Teques
o del Tren Guarenas-Guatire a cuentas bancarias en el Reino de los Países Bajos.

Unas pocas transferencias, camufladas entre los más de 2.100 reportes de actividades
sospechosas de la banca en Estados Unidos –originalmente filtrados a Buzzfeed
News, analizados por Armando.info y otros 107 medios bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en los FinCEN Files–, dan
cuenta de algo más de siete millones de dólares que salieron de la filial
venezolana de Odebrecht a una desconocida empresa registrada en los Países Bajos
con el nombre de Finandi Equipment BV.

El nombre de la compañía neerlandesa no pasó inadvertido en el Departamento del Tesoro
estadounidense –para las autoridades de su Red de Control de Crímenes
Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)– a pesar de que iba dentro de una
maraña de transferencias, por más de 337 millones de dólares, que la filial
venezolana de Odebrecht movió en 79 operaciones solo entre septiembre y octubre
de 2015.

Los oficiales de cumplimiento de la sucursal en Estados Unidos del Deutsche Bank y,
luego, sus interlocutores del Departamento del Tesoro, levantaron la bandera
roja tras notar que entre los fondos se encontraban 65,3 millones de dólares
provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Si bien buena parte
del monto que Odebrecht recibió de Pdvsa luego fue transferido al consorcio a
cargo de la tantas veces prometida y nunca concluida central hidroeléctrica
Manuel Piar de Tocoma –la misma que prometía generar una nueva fuente de energía
sobre el río Caroní, desde el estado Bolívar, en el sur de Venezuela–, una
porción ciertamente llegó a la novata Finandi Equipment
BV.

El reporte de actividades sospechosas retrata el desvío de 7,1 millones de dólares a través
de cinco transferencias pero, más que eso, asoma un nuevo canal, hasta ahora
desconocido, por el que se encauzaron fondos en la trama local del caso
Odebrecht.

La información fiscal de la empresa Finandi Equipment BV, registrada en abril de
2011, aparece en la ciudad de Amsterdam a nombre del empresario holandés Hendrik
van Wijlen. El nombre de este hombre de negocios ya había surgido en diligencias
de la justicia neerlandesa, que lo habían relacionado con Odebrecht y las otras
empresas de ingeniería civil brasileñas que forman parte del elenco del ya
célebre caso Lava Jato.

Sin mencionarlo explícitamente, el Ministerio Público de los Países Bajos (FIOD, por
sus siglas en holandés) anunció en febrero de 2019 la apertura de una
investigación contra un individuo que resultó ser Van Wijlen. Informó sobre la
inspección a seis oficinas y domicilios relacionados con él, sobre la
incautación de algunos de sus computadores, y formalizó el inicio de una
investigación.

“Se sospecha que las empresas holandesas han facilitado el pago de sobornos a gran
escala”, manifestaron las autoridades de la fiscalía en un comunicado del 26 de febrero de
2019. “Los sobornos fueron pagados por el conglomerado brasileño Odebrecht SA y probablemente
estaban destinados en última instancia a funcionarios y partidos políticos
extranjeros. Se trata de un mínimo de 100 millones de euros que han pasado por
el sistema financiero holandés”.

Desde entonces, en los Países Bajos no hay más noticias sobre el caso. Aunque para
este reportaje se le solicitó a la Fiscalía mayor precisión sobre el estado de la
investigación, un portavoz del Ministerio Público se limitó a señalar desde
Amsterdam que el proceso está en marcha. Los FinCEN Files, de cualquier modo,
adelantan algo que no han advertido ni los fiscales holandeses ni mucho menos han investigado sus colegas venezolanos: lo de Finandi Equipment no fueron unas
meras transferencias, sino una de las vías que empleó Odebrecht para lavar el
dinero de Venezuela.

De acuerdo con el reporte de actividades sospechosas emitido por el Deutsche Bank, a
Finandi Equipment llegó una porción de los recursos que Pdvsa depositó a
Odebrecht a finales de 2015. Pero el nombre de otra empresa homónima –ya no
Finandi Equipment sino Finandi Voorschoten– aparece en los contratos acumulados
en tribunales de Brasil junto a facturas, documentos y testimonios que
sustentaron los cientos de juicios derivados de la trama de Lava Jato.

En uno de esos contratos, con fecha del 2 de febrero de 2014, Odebrecht alquilaba a la
neerlandesa Finandi Voorschoten dos máquinas especiales que a lo largo de tres
años perforarían los túneles del tren Caracas-Guarenas-Guatire, una extensión
ferroviaria del sistema del Metro de Caracas que comunicaría a la capital
venezolana con dos ciudades-dormitorio al este.

 «La vigencia del Acuerdo será de treinta y seis (36) meses a partir de la entrega de
cada equipo en Puerto Cabello, República Bolivariana de Venezuela», reza el
documento. “El pago del arrendamiento de cada equipo se abonará sobre la base de
una tarifa mensual, fija e indefinida de quinientos cincuenta mil euros
(550.000,00 €) desde la entrega efectiva de cada equipo al arrendatario en
Puerto Cabello”.

La maquinaria nunca llegaría a Venezuela; el Metro de Caracas tampoco alcanzaría
los suburbios de Guarenas. El dinero, sin embargo, se evaporó: el monto del
contrato suscrito sobre ese papel, más de 46 millones de dólares, serviría de
tapadera para el desvío de fondos.

Los primeros datos de la firma holandesa que se pueden ver en el registro mercantil de Amsterdam datan de abril de 2011, con un capital de 18.400 euros. Apenas ocho meses después, en diciembre de ese mismo año, ya se había
multiplicado más de diez veces hasta llegar a 250.000. Cuando, en 2016, la
compañía fue liquidada, contaba con 500.000 euros de capital.

Al momento de esa liquidación, no habían transcurrido más de seis meses desde la
transferencia que prendió las alarmas del Departamento del Tesoro. Eso dio
tiempo para registrar las transacciones que ofrecen una pista que de otra manera
habría resultado muy difícil de seguir. Por fortuna, el rastro quedó allí, en
los FinCEN Files. De cualquier modo, los movimientos del holandés Hendrik van
Wijlen ya dejaban evidencias de que a él llegaba buena parte de los recursos
desviados de Odebrecht Venezuela.

Van Wijlen salió en junio de 2013 de la directiva de la misma empresa Finandi. Pero el
registro de compañías de Países Bajos lo delata tras bastidores en otras
subcontratistas ficticias que rebanaron el presupuesto asignado por el gobierno
chavista para las obras faraónicas de infraestructura que publicitaba
prematuramente en su propaganda.

Por ejemplo, Van Wijlen, el directivo de la Finandi Voorschoten –encargada sobre el
papel de proveer maquinarias para el tren a Guarenas–, pasaba por una puerta
giratoria y aparecía al frente de Likam Vouwwerken Internationaal, otra firma
premiada con unas supuestas obras civiles para el Metro de Los Teques –capital
del estado Miranda, al suroeste de Caracas–, el nunca construido Cabletrén de
Petare –un populoso barrio obrero al este de la capital venezolana– y la tantas
veces prometida Línea 5 del Metro de Caracas.

Otro Van Wijlen, pero de nombre Paul –el hermano de Hendrik– entonces figuraba a la
cabeza de PW Trading, la empresa que suministraría las piezas para construir
otro de los tantos elefantes blancos de Odebrecht en Venezuela: el Proyecto
Agrario Internacional Jose Inácio Abreu e Lima, una ciudad campesina proyectada
para 500 familias cerca de El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, en el oriente
de Venezuela.

Las de Países Bajos son al menos ocho compañías relacionadas a un grupo financiero
llamado Pan-Invest, y que conducen a Van Wijlen. Cuando se le intentó contactar
en Amsterdam para este reportaje, a través de su abogado rechazó la solicitud de
entrevista.

Se puede asegurar, de cualquier modo, que todo empezó en 2009 con una negociación directa
entre los ejecutivos de la constructora brasileña con el propio Van Wijlen. Eso
recuerda Marcos Grillo, ex funcionario de Odebrecht y, sobre todo, testigo
fundamental en esta historia. “La tarifa acordada con él por el uso de la
estructura fue del 3% neto de impuestos”, explicó en diciembre de 2016 frente a
los fiscales que lo interrogaban en Brasil a cambio de beneficios
procesales.

“Con el crecimiento del programa y la necesidad de nuevas estructuras en los Países
Bajos, estábamos aumentando el número de empresas utilizadas”, agregó Grillo,
quien fue encargado de la “generación de recursos” del Sector de Operaciones
Estructuradas, el eufemismo que empleó Odebrecht para bautizar su oficina de
sobornos. “Para evitar la auditoría obligatoria impuesta por la ley holandesa,
nuestros socios holandeses controlaban de cerca los siguientes indicadores en
todas las empresas, ya que al menos dos de ellas, en conjunto, no podían ser
superadas durante dos años consecutivos: por ingresos superiores a 8.000
millones de euros por año, número de empleados mayores de 60 años y activos
superiores a 4.500 millones de euros”.

Así se configuró la llamada Caja 2 de Odebrecht, o más bien el camino por donde
desviaron los recursos. En el caso venezolano, el conducto de escape
originalmente fue a través de una retahíla de empresas registradas entre
Portugal y Uruguay, pero el colapso del Banco Espírito Santo de Portugal –que
llegaron a emplear– y otros descuidos, dejaron entrever algunos cabos sueltos
que llevaron a los brasileños a trasladar a los Países Bajos –una especie de
paraíso fiscal dentro de la Unión Europea– la estructura que al principio
empleaban en la península ibérica con el nombre de
Brasfix.

Solo entre 2011 y 2015, en las diferentes obras del Metro de Caracas se desviaron, en
palabras de Alessandro Dias Gomes –el número dos de Odebrecht en Venezuela–
“entre 120 y 140 millones de dólares”. El mayor porcentaje provino de los pagos
para las obras del tren a Guarenas.

Aunque las obras de esa vía ferroviaria quedaron a la vista como meros mausoleos de
concreto y cabillas, en Venezuela nunca investigaron la trama de Odebrecht. La
Fiscalía General de la República, designada por la chavista Asamblea Nacional
Constituyente en 2017 y a cargo de Tarek William Saab, ni siquiera volvió a
hablar del caso, a pesar de que en los tribunales brasileños quedó constancia de
al menos parte de los contratos ficticios y transferencias ilegales que dieron
pie para este reportaje, así como otras ramificaciones en Venezuela.

El protagonista de esta historia, entretanto, se encuentra en algún lugar de los
Países Bajos. Eso es lo único que aceptaron confirmar las fuentes en el
Ministerio Público de ese país. Pero Hendrik van Wijlen no se encuentra ni en
prisión preventiva, ni sometido a otras restricciones. Mientras se esperan
resultados concretos de esa investigación sobre el desvío irregular y
legitimación de cuantiosos fondos venezolanos en Amsterdam, no muy lejos de
allí, en La Haya –como se supo en días recientes–, parece estar a punto de
iniciarse un proceso para que la Corte Penal Internacional juzgue la presunta
comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Dos extremos interconectados
de un mismo drama.