En un gesto inusual en él, el ‘número dos’ del chavismo dio en 2015 un paso al frente para sellar en persona una alianza milmillonaria con el gigante de alimentos brasileño JBS, con quien el chavismo ya venía haciendo negocios. Sería la última gran oportunidad en Venezuela de esa corporación. Pero la estructura que entonces usó para pagar los servicios de sus aliados locales no solo despertó sospechas ese año en la banca internacional, sino que también sería el embrión para el surgimiento de la nada de un próspero actor industrial, el Grupo JHS.
El año 2015 comenzó con una tormenta económica para los venezolanos. “Dios proveerá”,
soltó Nicolás Maduro en enero ante la Asamblea Nacional, en alusión al desplome
de los ingresos petroleros y ante lo que ya era una crisis económica
inocultable. Pero Dios no terminaría por ser el proveedor: apenas un mes después
de ese reconocimiento por parte del sucesor de Hugo Chávez en la presidencia, su
gobierno firmó un contrato para el suministro de alimentos por poco más de 2.000
millones de dólares con la compañía brasileña JBS, la mayor cárnica del
mundo.
Prueba de la importancia concedida al proveedor y a ese convenio fue la visita que poco
después hizo a su sede en Brasil el llamado número dos del chavismo,
Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, en uno de sus
raros y poco publicitados viajes al exterior. Fue un negocio milmillonario
que en las sombras tuvo otro ganador: el entonces desconocido y recién creado
grupo empresarial venezolano JHS, encabezado por Jorge Silva Cardona, un ex
sargento segundo de la Guardia Nacional y ex funcionario tributario en el Seniat
entre 2008 y 2013.
Nuevos documentos contenidos en los FinCEN Files, una investigación global basada en la
filtración de 2.100 archivos que Buzzfeed News compartió con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y
otros 108 medios en 88 países, entre ellos Armando.Info, permiten
reconstruir el millonario negocio que se ejecutó a tres bandas: la jerarquía
chavista, la trasnacional JBS y la tachirense JHS.
“Teniendo a Brasil tan cerca, no tenemos necesidad de buscar tan lejos”, celebró el 9 de
junio de 2015 desde ese país el diputado Cabello. Poco dado a los viajes al
exterior, estuvo acompañado por su hermano José David, y por los generales
Rodolfo Marco Torres y Giuseppe Yoffreda, todos militares de alto rango y para
ese momento responsables del área económica en un tren Ejecutivo que intentaba
paliar el severo desabastecimiento de alimentos antes de la elección
parlamentaria del 6 de diciembre de ese año. El esfuerzo fue inútil, ya que la
oposición obtuvo una amplia mayoría, pero los millones de dólares de Venezuela
para JBS, y de esta a JHS, no pararon de
correr.
Los funcionarios compartieron varios días con Lula Da Silva, expresidente de Brasil,
y los hermanos Joesley y Wesley Batista, cabezas de JBS y del holding J&F
Investimentos. También recorrieron las oficinas y plantas del grupo empresarial
en Sao Paulo. “Aquí hemos encontrado total y absoluta disposición, estamos
seguros que con el apoyo de los empresarios y el gobierno brasileño la situación
en Venezuela puede sobrellevarse”, aseguró
Cabello.
Aunque con el chavismo las exportaciones de JBS a Venezuela casi se habían duplicado entre
2012 y 2013, hasta llegar a 517 millones de dólares, según cifras de la
compañía, en aquellos días de junio de 2015 quedó claro que a la relación entre
JBS y los jerarcas del chavismo todavía le quedaba trecho por
andar.
Cuando Diosdado Cabello encabezó la gira a Brasil, el negocio estaba andando paso a
paso: de Venezuela salían millonarios pagos para JBS y, luego, de la compañía
brasileña para la novel empresa venezolana Servicios JHS, apenas creada en
noviembre de 2013. Esa fue la primera del emporio empresarial -junto a Aves JHS-
que había comenzado a levantar el ex Guardia Nacional Jorge Silva sin haber
cumplido los 30 años y mientras las grandes trasnacionales huían del país,
asfixiadas por el modelo económico de la autodenominada Revolución
Bolivariana.
Tres años después, Silva se convirtió en el dueño del Deportivo Táchira, quizás el club de fútbol con
mayor tradición en Venezuela y orgullo de San Cristóbal, su ciudad natal. Hoy,
el denominado Grupo JHS controla hasta doce compañías e instalaciones en varios
estados del país ligadas a la agroindustria y tiene 1.200 empleados, según la
empresa. Y aunque no lo diga, esa expansión no hubiera sido posible sin los
acuerdos de Cabello con la familia Batista y JBS.
Cuando Cabello y el resto de funcionarios aterrizaron en Brasil, estaba fresca la tinta
de un contrato suscrito por poco más de 2.000 millones de dólares para la venta
a Venezuela de “leche en polvo, margarina, carne y pollo”, monto que reconoció
un ejecutivo de JBS a la agencia Bloomberg tres meses después de la visita de
Cabello.
Los documentos obtenidos para este reportaje revelan, cinco años después, que el
contrato 0040-2015 entre la compañía brasileña y Corpovex, la estatal encargada
de controlar las importaciones públicas, se firmó el 13 de febrero de 2015, el
mismo día que los brasileños registraron en Islas Vírgenes Británicas la
compañía J&F Company Services Ltd para atender sus negocios venezolanos. El
rastro de esa empresa offshore, cuyo beneficiario final es J&F
Investimentos, el holding con que la familia Batista controla JBS y otras
compañías, quedó en los llamados Panama Papers, la filtración de 2016 de
millones de archivos procedentes del bufete Mossack Fonseca, que prestaba
servicios offshore desde el istmo. En efecto, JBS contrató a Mossack Fonseca
para el registro de esa shell company en el paraíso fiscal de las Islas
Vírgenes Británicas que, sin embargo, no figura en la lista oficial de filiales
y empresas subsidiarias que JBS enumera en sus
comunicaciones.
Un mes después del mega contrato, Jorge Silva hizo su aparición en la puesta en escena.
En marzo de 2015, el joven militar asistió a la “feria cultural” de JBS,
celebrada en Argentina. En las fotos se le ve ataviado con los colores de la
compañía junto a los hermanos Joesley y Wesley Batista, así como a José Batista
Sobrinho, patriarca y fundador de la que hoy es el mayor conglomerado cárnico
del planeta y uno de las mayores exportadoras de carne desde Brasil. Todavía
hasta 2017, en su perfil de Linkedin, Silva se proclamaba “representante legal y
comercial de la empresa brasileña JBS, líder mundial de la fabricación de
productos cárnicos”.
Formalmente, la relación con Jorge Silva y su Grupo JHS nunca apareció en la información corporativa de JBS. La compañía
brasileña, de hecho, tenía su propia representación y oficina en Caracas desde
2006, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Silva no atendió la
solicitud de entrevista para este reportaje, mientras que JBS y J&F
Investimentos no contestaron el cuestionario enviado por vía del correo
electrónico.
Pero las transacciones entre las partes sí quedaron reflejadas en los Reportes de
Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) elaborados por personal de
cumplimento (compliance, el término en inglés usado por la industria) de la
banca privada en Estados Unidos para la Red de Control de Crímenes Financieros
(FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro
estadounidense. Uno de esos informes detalla que entre el 2 de julio de 2015,
tres semanas después de la visita de Diosdado Cabello a Brasil, y el 11 de
septiembre de ese año, JBS realizó nueve transferencias bancarias en favor de
Servicios JHS, la compañía de Jorge Silva, por poco más de ocho millones de
dólares. “La investigación sobre JHS (Servicios) no fue concluyente”, dice el
reporte, elaborado por ejecutivos del Deutsche Bank Trust Company
Americas.
Las fechas de esos pagos no coinciden con el único contrato para el “servicio de
empaquetado” y “servicio de planta para contenedores refrigerados” que JHS
prestó a JBS entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, al menos
según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sin embargo, esa
relación comercial surgida a la sombra del negocio entre la compañía brasileña y
el régimen de Maduro alcanzaría para explicar el rápido auge en Venezuela del
Grupo JHS, que apenas un año después de registrada la compañía Servicios JHS, en
diciembre de 2014, podía reportar casi 40 millones de dólares en el exterior, de
acuerdo al expediente mercantil de la empresa en
Caracas.
Al contrato de 2.000 millones de dólares que firmaron los brasileños con el
gobierno venezolano, se sumaron otros posteriores a la visita de Diosdado
Cabello. Días después de la gira, en julio de 2015, J&F Investimentos pactó
con Corporvex el suministro de tractores marca Massey Ferguson, y en noviembre
JBS acordó la venta de pernil. Ambos contratos sumaron alrededor de 55 millones
de dólares. En agosto de 2016, JBS repitió el acuerdo con la estatal para enviar
a Venezuela despachos de pernil por casi 26 millones de
dólares.
Algunos de los pagos de organismos venezolanos a JBS también activaron las alarmas del
sistema financiero internacional, tal como consta en los reportes de la FinCEN
ahora revelados. El 19 de junio, días después de que Diosdado Cabello estuviera
en Brasil, JBS recibió seis transferencias bancarias por casi 18,5 millones de
dólares de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa),
compañía que entonces estaba adscrita al Ministerio de Alimentación y que fue a
la larga reemplazada por la Corporación Única de Servicios Productivos y
Alimentarios (Cuspal). El 23 de junio, salieron otros dos pagos de Casa para JBS
por 14.231 dólares, según uno de los informes de actividad
sospechosa.
Otra transacción sospechosa entre el régimen chavista y JBS ocurrió el 30 de
diciembre de 2015. Se trata de un pago efectuado por el Ministerio de
Planificación y Finanzas por casi 70 millones de
dólares, que también fue reportado a la FinCEN.
Esas dudas se suman ahora al perfil oscuro que en los últimos años ha mostrado JBS. Aunque
la empresa logró un crecimiento internacional hasta convertirse en una
corporación global, está manchada por investigaciones judiciales en Brasil y
otros países.
En 2017, la compañía admitió ante la justicia brasileña haber sobornado a políticos de
ese país y aceptó realizar un acuerdo de “delación premiada” junto al pago de
una multa equivalente a 67 millones de dólares. El Tribunal Supremo aún debe
validar ese acuerdo con la justicia. A eso se suma otra causa por
irregularidades en los préstamos recibidos del banco estatal de desarrollo de
Brasil, Bndes. Por este último motivo, el grupo aceptó en octubre pasado pagar
una multa de 256 millones de dólares en Estados Unidos, tras haber usado su
sistema financiero para el pago de sobornos a funcionarios brasileños a cambio
de esos créditos favorables que empujaron la expansión internacional de la
compañía en mercados como el norteamericano.
La cercanía de la familia Batista con los jerarcas del chavismo tampoco ha pasado
inadvertida en los Estados Unidos. El año pasado los senadores Marco Rubio y Bob
Menéndez, republicano por Florida y demócrata por Nueva Jersey, respectivamente,
pidieron al Secretario del Tesoro, Steve Munchin, investigar los negocios de JBS
con Corpovex, así como la conexión con el propio Diosdado Cabello. “La relación
personal de los hermanos Batista con el sancionado Diosdado Cabello sólo genera
más preocupaciones”, refiere la carta del 8 de octubre de 2019 firmada por ambos
legisladores y en la que detallan las marcas e instalaciones que el grupo
brasileño adquirió en los Estados Unidos durante los últimos
años.
En Venezuela el rastro de JBS parece haber desaparecido. Aquel gran contrato de
2.000 millones de dólares luce hoy como el último gran negocio que pudo llevarse
alguna empresa antes de que Maduro creara los Comité Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap) en 2016, con lo que el negocio de la comida cambió de manos.
En cambio, el Grupo JHS y su presidente Jorge Silva siguen presumiendo de
músculo.
Además de la producción avícola, JHS ha incursionado en la producción de embutidos, bajo
la marca Delicias Isa, y de refrigerios, bajo la marca Moys, cuya imagen
publicitaria es Stephany Gutiérrez, Miss Venezuela en 2017 y pareja de
Silva.
El grupo, que en 2013 nació con un apartamento residencial como oficina, y luego se mudó
al Centro Lido de El Rosal, antigua milla de oro financiera de Caracas,
ahora tiene su centro de operaciones en el exclusivo Centro Comercial San
Ignacio, en el noreste de la capital venezolana. También un complejo de oficinas
en Chuao, al este de la ciudad.
Fuentes de la agroindustria venezolana afirman que en su desempeño se nota el pulmón
financiero con el que parece contar el Grupo JHS, aunque también coinciden en
señalar la “inexperiencia” y “fracasos” que habría cometido. Silva saca pecho.
“La idea principal es mantenerse; la compañía tiene una visión de mucha creencia
en el país, a pesar de las dificultades que se presentan con el tema financiero
y logístico. Nuestro eslogan apoya que Venezuela es el mejor país del mundo”,
dijo el ex Guardia Nacional en una reciente nota de prensa.
Pero antes de tales juramentos nacionalistas, lo cierto es que todo comenzó en Brasil y a
la sombra del millonario negocio de la familia Batista con el
chavismo.
Fuente: Armando Info
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Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.
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Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a Pdvsa con Petrosaudi, una empresa que en poco tiempo mostró su costado embaucador. Las alertas recibidas por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dejan al descubierto cómo esa relación generó pagos con toda la pinta de corresponder a comisiones, y una estructura de empresas de la que hoy no queda casi rastro. Mientras Pdvsa quedó esquilmada, y Petrosaudi protagonizaba un escándalo mundial que la liquidó, la mala fama que les ganó esa intermediación a los Pantin no frenó la expansión de sus negocios, petroleros y de otras índoles.
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Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado Sarosh Zaiwalla no cree en el bajo perfil para escoger a sus clientes, ni en la discreción para defenderlos. Una sonada victoria con la que logró levantar sanciones contra un banco iraní le abrió las puertas para litigar en casos de complejidad económica y política, como lo demuestra su prueba más reciente: representar al régimen de Caracas en tribunales británicos para la disputa legal por el control de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas atrapadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, una pulseada en la que Juan Guaidó llevaba ventaja en el marcador, pero que el letrado de origen indio logró recientemente poner de nuevo cero a cero.
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El foco estaba puesto en los grandes bancos suizos, mientras Alejandro Betancourt y su primo, Pedro Trebbau López, movían dinero a través de una pequeña entidad de origen alemán con sede en Suiza: 23 millones de dólares que circularon a través de Sal Oppenheim, cuando el holding estaba en su peor momento en Alemania y debió ser rescatado por el Deutsche Bank, aparecen en los FinCEN Files. Los llamados ‘bolichicos’, que se enriquecieron luego de recibir contratos a dedo para resolver la crisis eléctrica de Venezuela, dejaron su estela de sospechas en las oficinas de cumplimiento de una docena de bancos, cuyos informes llegaron al Departamento del Tesoro.
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Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.
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