Lo barato salió caro en la danza de millones de Yare

En San Francisco de
Yare, un pueblo a unos 75 kilómetros al sur de Caracas, en los valles del río
Tuy que sirven de dormitorio tanto a trabajadores del área metropolitana como a
una inmensa población marginada, es raro que alguien no sepa cómo llegar a
Colinas de San Francisco de Yare.

Literalmente, es en
ese urbanismo donde reside el acervo histórico del pueblo, que le ha permitido
ser un lugar conocido en todo el país y llegar hasta la Unesco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los cultores de los Diablos Danzantes de
Yare -la colorida ceremonia del jueves de Corpus Christi- fueron beneficiados
con apartamentos en Colinas de San Francisco de Yare, un proyecto aprobado en
tiempos de Hugo Chávez y culminado durante el gobierno de Nicolás Maduro, como
parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Para llegar allí hay
que sortear la escasa oferta de transporte público que cubre la ruta entre la
capital venezolana y el pueblo. El trayecto, que normalmente tomaría apenas una
hora, llega a durar hasta tres. Desde la plaza Bolívar, donde danzan los Diablos
de Yare en junio, se sigue hasta tomar la carretera nacional Yare-Santa Teresa y
allí, en una explanada, se deja ver con enormes letras blancas el nombre de
Colinas de San Francisco de Yare.

El anuncio corpóreo,
con caracteres tridimensionales, no podría pasar inadvertido. Aunque se puede
apostar a que sus diseñadores nunca pensaron que esa notoriedad sería para
tanto, hasta el punto que el nombre del complejo habitacional pasó a formar
parte de un intercambio de información entre oficiales de cumplimiento de bancos
en Estados Unidos y personal de la unidad de inteligencia financiera (FinCEN,
por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington DC.

Algunos Reportes de
Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) contenidos en una
filtración de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, Armando.info y
otros 107 medios de 88 países, y que dieron origen a la investigación
internacional de los FinCEN Files, permiten hacer la conexión entre ese
desarrollo de viviendas populares, inaugurado por Maduro en 2015, y cuantiosas
transferencias de divisas a y desde cuentas bancarias en el extranjero de una
empresa en el Reino Unido y parientes de una familia de constructores
venezolana, los Ceballos Jiménez. Los montos de las transacciones llamarían la
atención de los supervisores bancarios y, a la postre, de la prensa
internacional.

También ofrecerían
pistas sobre probables dispendios y sobreprecios: con un presupuesto por unidad
para apartamentos de mucho mejor acabado, se levantaron unos edificios de
colores hoy lavados por el sol y la lluvia, de cinco pisos y estructura
metálica, sin ascensores pero con ropa tendida en las ventanas y contenedores de
basura desbordados de desperdicios. La infaltable mirada fija de Chávez está
estampada a lo alto, en la fachada de cada una de las 40 torres. Adentro, los
apartamentos están escasamente amoblados, el techo es de plástico o cielo raso.
El servicio de agua y electricidad es intermitente, el transporte público no
está garantizado, ni tienen estación de ferrocarril cerca. En fin, los lugares
comunes del deterioro y el descarte en una urbanización aislada, donde incluso
se puede ver a un lugareño que pone a sus vacas a pastar en el monte seco que
crece entre los edificios.

Los edificios de
Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento
del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar
las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En
2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no tenía
cómo pagar a proveedores viejos u honrar contrataciones nuevas.

Tenía, en cambio, algo
para transar a manera de trueque con alguna obra o servicio recibido: coque, un
combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo
pesado.

“Estábamos dispuestos a aceptar un pago en especies”

Para ese momento el
coque se acumulaba inservible, en colinas de más de 30 metros de altura, en los
patios del Complejo Criogénico de Jose, en la costa de Anzoátegui, en el oriente
venezolano. Y había una empresa italiana, Energy Coal SpA, dispuesta a recibir
el coque como moneda de pago. Es así como en marzo de 2012, Pdvsa firma un
convenio con esa compañía de suministro de coque para el pago de la construcción
de viviendas, y encarga a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja
Petrolífera del Orinoco la gestión del proyecto de los 1.540 apartamentos (40
edificios), en Yare, en el estado Miranda. La obra se debía ejecutar en un año.

Pero el contratista,
la italiana Energy Coal, no tenía capacidad técnica ni experiencia en
construcción. Así que para la ejecución de la obra subcontrata a Sarleaf Limited
Company, sociedad registrada en Londres. Y esta, a su vez, subcontrata a
Inversiones Alfamaq, empresa con sede en Caracas, que construya el urbanismo. La
cadena de subcontrataciones pasa por alto un dato: tanto Sarleaf como Alfamaq
son compañías controladas por Alejandro Ceballos Jiménez y sus familiares.

La explicación sobre
ese intercambio de coque por vivienda la expone la propia Energy Coal en voz de
Paolo Ascheri -hijo del dueño-, tras ser consultado para este reportaje por el
ICIJ, socio de Armando.info en esta investigación. “La razón por la que fuimos
contratados por Pdvsa para construir casas (…) es que estábamos dispuestos a
aceptar un pago en especies (coque de petróleo) y no en dinero. Es cierto que
carecemos de toda capacidad y experiencia tanto en la construcción como en la
ingeniería, sin embargo nuestro papel era totalmente diferente: fuimos
contratados para vender el coque de petróleo en el mercado internacional
(tenemos más de 30 años de experiencia en esta industria). Básicamente, nuestro
papel era convertir el coque de petróleo en servicios o monetizar el coque de
petróleo y, por lo tanto, suministrar lo que Pdvsa
requiriera”.

En ese entonces,
millones de toneladas de coque yacían en los espacios de la refinería porque no
tenían cómo cargarlos hasta los buques, así que Energy Coal se ofreció a renovar
las instalaciones de carga a cambio de recibir el pago con coque. La garantía
estaba en las montañas de este combustible sólido en el terreno. Sabían que
podían pagarles así, sin correr con la suerte de otros proveedores con los que
la petrolera acumulaba deudas. Luego hubo otra oportunidad para seguir con los
contratos y estos fueron los proyectos de viviendas. “En ambos casos, el
concepto era el mismo: convertir el coque en dinero”, insistió Ascheri en su
respuesta enviada por escrito, y detalló algo más: “Energy Coal simplemente
contrató a especialistas para cada sector específico. La mayoría de las veces
estos especialistas fueron elegidos por Pdvsa y no por nosotros, como ocurrió
también en el caso del contrato de Sarleaf”.

Así se firmó el
contrato. El dinero empezó a fluir y a dejar sus trazas de sospecha. A las
autoridades de la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo (BES) les pareció
sospechoso que Sarleaf, empresa offshore creada con por “motivos de seguridad”
para proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela y
evitar el riesgo de una expropiación, recibiera fondos de Pdvsa y otras agencias
del gobierno venezolano distintas a las declaradas al momento de abrir la
cuenta, pues esta tendría como propósito recibir fondos de la Fundación Misión
Che Guevara, realizar pagos a proveedores y servir también para algún tipo de
inversión, como explican en el SAR que forma parte de los FinCEN Files.

La Fundación Misión
Che Guevara, adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección Social, tiene
su origen en el programa social ideado por Chávez en 2007 para enseñar oficios y
emplear a brigadistas, y que se apoyó en la Gran Misión Vivienda para insertar
personal obrero en las construcciones. Según la Memoria y Cuenta de 2014 de este
despacho, la fundación tuvo la responsabilidad de apoyar el “Programa de
Transformación Integral del Hábitat” de la Misión Vivienda, con la compra de
materiales de construcción para culminar la construcción de 3.384 viviendas en
24 estados del país. Según lo recopilado por los oficiales del BES, Sarleaf
vendía “tubos estructurales” para las obras de Misión Vivienda y su principal
cliente era la Fundación Misión Che Guevara.

Por eso, al recibir
cuantiosas sumas de dinero provenientes de Pdvsa sospecharon. Solicitaron
documentación a Sarleaf para verificar el origen de esas transacciones y se
extrañaron aún más, pues de acuerdo con el contrato revisado -correspondiente al
proyecto de Colinas de San Francisco de Yare- debía ser Energy Coal, el ente
contratante, quien les pagara, no Pdvsa. Poco a poco fueron hallando
inconsistencias.

La oficina del BES en
Miami comenzó a revisar las transacciones entrantes y salientes y notaron la
“alta velocidad” de los movimientos en poco tiempo. Parte del dinero era enviado
a países de alto riesgo como Suiza, un país con severas previsiones de secreto
bancario, y grandes cantidades de dólares eran enviadas a contrapartes
desconocidas.

En total, un poco más
de 262 millones de dólares fueron calificados como “sospechosos”. El chequeo se
hizo desde el día que se abrió la cuenta corriente, el 26 de septiembre de 2012,
hasta que fue cerrada en enero de 2014. Las operaciones “sospechosas” comenzaron
a registrarse seis meses después de haber sido contratada por Pdvsa para
construir los edificios en Yare, en abril de 2013, y continuaron hasta enero de
2014. En este período Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de entes
del gobierno venezolano vinculados con el mismo proyecto de Yare. Fueron
“cantidades muy grandes de dólares”, detalla el SAR.

Casi inmediatamente,
Sarleaf comenzó a transferir millones de dólares a varios beneficiarios,
incluidas empresas y cuentas bancarias que pertenecían a los Ceballos. De esa
cantidad, más de seis millones de dólares fueron enviados a cuentas personales
de integrantes de la familia, y 44 millones de dólares a dos empresas de
Alejandro Andrés Ceballos, hijo de Alejandro Ceballos Jiménez: 22 millones
tuvieron como destino Sidon Enterprise, una compañía registrada en las Islas
Vírgenes Británicas, y el resto a una entidad panameña con cuenta bancaria en
Suiza, Wexford Services, dedicada a la importación y exportación de productos
para el sector construcción.

Vasos comunicantes con el “dinero K”

Sarleaf Limited fue
creada en mayo de 2007. Al frente de la compañía seleccionada por Pdvsa para
construir los 1.540 apartamentos en Yare, solían mostrarse unos abogados suizos
como propietarios. Entre ellos, un nombre en particular resaltaba: Néstor Marcelo
Ramos.

Ramos es un abogado
argentino que reside en Suiza desde hace 20 años, conocido en su país por ser el
dueño de Helvetic Services Group, una compañía suiza usada por el empresario del
kirchnerismo Lázaro Báez para comprar una de las empresas financieras
involucradas en “la ruta del dinero K”, con la
que pudo blanquear 33 millones de dólares. Por esta maniobra, Báez fue procesado y
enfrenta actualmente un juicio en Argentina (aunque recientemente resultó
excarcelado, medida que fue recibida entre
protestas).

Néstor Ramos, sobre
quien desde 2016 pesa una petición de la justicia argentina para ser
extraditado, fue director y accionista nominal de Sarleaf entre 2011 y 2013, y
luego dejó paso a su sobrino, Javier Vanella, como directivo hasta 2016. En el
reporte enviado por el Banco Espirito Santo al Departamento del Tesoro, se
indica que los abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para
encubrir a sus verdaderos dueños, la familia Ceballos. Además, notaron que desde
la cuenta de Sarleaf se envió un pago a Helvetic Services Group, en Suiza, por
75.000 dólares.

Quien daba la cara por
Sarleaf en Venezuela era Ramón Mariño Lorenzo, esposo de una de las hermanas de
Alejandro Ceballos, es decir, su cuñado. Aún sigue siendo la persona con mayor
control de la compañía, como detalla el registro de Reino Unido. En abril de
2015 Sarleaf cambió su nombre a Steeleaf Trading International Limited. Una
modificación nominal que no afectó el control de la familia Ceballos sobre ella.

Los funcionarios del
banco portugués —finalmente disuelto en 2014 al colapsar sus balances y ser
intervenido por los reguladores lusitanos, un derrumbe que abrió varias
investigaciones penales sobre irregularidades administrativas y operaciones de
sobornos y lavado de dinero relacionadas, en muchos casos, con Venezuela—
detectaron una serie de movimientos bancarios en las cuentas de Sarleaf que, en
su conjunto, parecían responder a un patrón típico de blanqueo de dinero.
Identificaron 29 transferencias salientes por un poco más de 63 millones de
dólares a entidades e individuos de la familia Ceballos, compañías de inversión
y compañías e individuos desconocidos, así como 37 transferencias internas —sin
precisar los destinatarios— por más de 52 millones de
dólares.

Las operaciones fueron
calificadas por los ejecutivos del BES como “cuestionables” por numerosas
“inconsistencias” y algunas de ellas “de naturaleza artificial”. Los ejecutivos
que redactaron el reporte para la FinCEN concluyeron que los fondos recibidos en
la cuenta de Sarleaf “estaban potencialmente vinculados a la corrupción pública
y a la apropiación indebida de fondos gubernamentales o malversación de fondos
públicos”. El patrón de pagos y la porción o margen de las transferencias
enviadas a miembros de la familia Ceballos parecía “ser excesivo”, agregaron.
Sobre esto último el informe detalla que, dos días después de haber llegado una
suma considerable a la cuenta, comenzaron las transferencias a individuos de la
familia por montos que oscilaban entre los 129.000 y 400.000 dólares,
totalizando 6,2 millones de dólares. “El propósito de estas transferencias era
indeterminado”, señalaron.

Ceballos Jiménez no
respondió a las preguntas específicas del ICIJ enviadas por escrito en agosto,
ni atendió las solicitudes de entrevistas que le fueron propuestas tras
confirmar la recepción de las preguntas. En un correo electrónico a un reportero
del ICIJ citó dificultades para acceder a los documentos debido a la cuarentena
por la Covid-19 en Venezuela, y no respondió a los correos electrónicos
posteriores que ofrecían extender el plazo de respuesta.

«A la luz de lo que
sigue, confirmo la imposibilidad de cumplir con sus peticiones en el tiempo
especificado, y confirmo la consideración que se le debe a los periodistas por
su coraje, valentía y ética, siempre y cuando su trabajo tenga el respeto a la
verdad como su verdadero norte», escribió Ceballos Jiménez. Su hijo, Alejandro
Andrés, tampoco respondió a las preguntas enviadas tanto a su empresa, Proyectos
y Construcciones 1128, como a Inversiones Alfamaq.

El exfiscal del
Ministerio Público venezolano, que hoy vive en el exilio en Colombia, Zair
Mundaray, quien dirigió entre 2016 y 2017 las investigaciones sobre casos de
corrupción, tiene un calificativo para nombrar ese tipo de movimientos que el
BES reportó a la Red de Control de Delitos Financieros, cuando a una gran
transacción le siguen inmediatamente envíos por montos pequeños a varias
cuentas.

“Eso se denomina pitufeo en materia de lavado de
activos”, explica. “Todos los Estados tienen una cantidad de alertas por
ingresos de fondos grandes, por eso el aprovechamiento del dinero requiere
convertir lo grande en pequeño”, precisa Mundaray.

El exfiscal, que huyó
de Venezuela cuando la Asamblea Constituyente destituyó a su entonces superior,
la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en 2017, agrega que cuando los montos de
las transacciones son pequeños no se activan las alertas bancarias, por eso
cuando llega un monto millonario se pueden ir enviando —por ejemplo— decenas de
transferencias de 20.000 dólares o 50.000 dólares a una red inmensa de cuentas
y, una vez se reciben esos fondos, se hacen otras transferencias o se compran
varios bienes (carros, inmuebles) que, con el tiempo, se venden o registran a
nombre de una empresa.

“Eso es lo que hacen
los lavadores para dificultar la traza financiera: convertir el monto grande en
muchos montos pequeños que al final son de la misma persona, del mismo
conglomerado, del mismo grupo económico. El pitufeo es convertir lo grande en
pequeño, y lo hacen para que el seguimiento sea mucho más tedioso para las
autoridades”.

Aunque la agencia de
Miami del hoy desaparecido Banco Espirito Santo hizo el reporte, las
verificaciones sobre el origen de los fondos se hicieron tarde y no pudieron
evitar que el dinero terminara en países como Suiza y Holanda.

En las sospechas sobre
este proyecto de vivienda se cruzaron, sin saber, dos instituciones
diametralmente opuestas. Las alarmas llegaron hasta la unidad de inteligencia
financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero también al cuerpo
de “inspectores socialistas”, un ente de seguimiento de gestión que Nicolás
Maduro Moros creó para que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, lo dirigiera. El
grupo pasó revista a una serie de contratos que dependían de la Faja Petrolífera
del Orinoco, entre ellos el que se firmó para levantar Colinas de San
Francisco.

Un informe
confidencial de los inspectores, fechado en julio de 2015 y suscrito por Jorge
Arreaza —yerno del difunto comandante Chávez, y vicepresidente de la República
en ese momento— fue enviado al ministro de Petróleo y Minería de ese entonces,
Asdrúbal Chávez, primo del caudillo revolucionario.

En el informe se
señalaba como una irregularidad
—ajena al desembolso que ya había ocurrido— que Pdvsa hiciera una
contratación en dólares cuando los edificios estaban siendo construidos por una
empresa venezolana con personal venezolano desde el inicio, Inversiones Alfamaq,
también de los Ceballos. Concluyeron que se habían pagado “montos elevados” en
la obra, sobre todo por los servicios profesionales de ingeniería.

Ceballos ya había sido
señalado de participar en hechos de corrupción tras la ejecución de varias
obras. En 2010 su nombre apareció vinculado con el desvío, si no desaparición,
de 500 millones de dólares que llegaron a una cuenta bancaria que se abrió en
octubre de 2009, a nombre de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
en una sucursal del ruso Gazprombank en Líbano. La denuncia, presentada por el
presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de
Venalum —una procesadora de aluminio dependiente de CVG— ante la Fiscalía
Superior del estado Bolívar, precisaba que la cuenta “era manejada por el ex
ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador
financiero, Alejandro Ceballos”. No fue posible saber el estatus de esta
investigación.

En 2018 la Asamblea
Nacional venezolana —controlada por la oposición desde enero de 2016— también lo
investigó por su presunta participación en varios esquemas diseñados para robar
recursos públicos, incluida una venta fraudulenta de terrenos públicos en la
zona turística de Lechería, en el oriente del país, pero pronto las
averiguaciones fueron abandonadas y el caso fue cerrado. En su momento Ceballos
calificó los señalamientos como “acusaciones infundadas” promovidas por
“intereses malsanos”.

Los Ceballos, antes de
la llegada de Hugo Chávez a Miraflores y después, se han dedicado a las obras
civiles en contrataciones con el Estado. Desde finales de la década de los años
70 se adjudicaron asignaciones siempre con empresas constructoras de la familia
y ahora con Inversiones Alfamaq, que desde su creación en el año 2000 las
concentra a todas y despunta como la columna vertebral del Grupo 7C. La marca
tiene su origen en el grupo de seis hermanos Ceballos y su madre, Maura Betty
Jiménez de Ceballos. En cuatro décadas, han construido carreteras y autopistas
pero, sobre todo, planteles educativos.

En los registros de
Alfamaq, con la que han ejecutado la mayoría de las obras en los últimos 20
años, no cuesta mucho notar que lo de ellos era construir escuelas y liceos al
menos hasta 2007, cuando la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas
(FEDE), era el principal ente gubernamental para el que trabajaban. Tampoco
arroja dudas sobre el carácter familiar de la compañía, pues todos los hermanos
han rotado por la junta directiva.

Desde su constitución
fue dirigida por Nelson Ceballos, quien poseía la mayoría accionaria. En
noviembre de 2007 vendió sus acciones a sus hermanos Alejandro y Maura, dos años
más tarde ingresan Zoraida y Luz Marina (esta última como apoderada de
Alejandro), y en 2010 se incorporan como accionistas Luz Marina, Javier y Maura
Betty, la madre de los seis hermanos. Nelson Ceballos falleció en febrero de
2008 en un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba desde Valencia hasta
Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, se precipitó a mitad de camino.

Pasado el luto, a los
tres meses la familia abrió una sucursal de Alfamaq en Puerto Ordaz.
Probablemente eran planes ya avanzados de Nelson, quien por esos años había
establecido una relación comercial con una poderosa empresa minera, la
canadiense Gold Reserve, que para entonces tenía más de 15 años con concesiones
mineras al sur de Bolívar. Este vínculo de Nelson sería aprovechado por la
familia Ceballos años después.

Tras la muerte de su
hermano, Alejandro Jesús Ceballos Jiménez asumió el liderazgo de las empresas
del grupo económico familiar, que comenzó a mostrar vínculos evidentes con el
gobierno chavista.

Aquellos que conocen a
Alejandro Ceballos Jiménez, economista de 62 años de edad, lo describen como un
hombre supremamente hábil. Un encantador al que le place invitar a sus allegados
a paseos en sus yates, en la aeronave privada, a celebraciones familiares
siempre fastuosas —sea un cumpleaños o una boda— en su mansión del Alto Hatillo
o en un terreno privilegiado en la zona de Caicaguana, a las afueras de Caracas,
con helipuerto incluido.

En las pocas
entrevistas que se consiguen sobre él, y en los distintos blogs personales y
empresariales que tiene para blindar su reputación digital, se muestra como un
hombre orgulloso de servirle al país junto a toda su familia, con las
construcciones públicas y privadas que han decidido hacer y que no son pocas.

Alfamaq ha hecho
importantes obras como la rehabilitación del Poliedro de Caracas para el
preolímpico de Baloncesto, en 2012; la remodelación —dos años más tarde— del
Hipódromo de La Rinconada, también en la capital, lugar que suele frecuentar con
su familia para ver correr a sus caballos.

El 8 de marzo, justo
antes de la cuarentena, estuvo viendo el Clásico Socopó 2020, donde compitieron
tan solo tres ejemplares y ganó el suyo, Sun Cap. En febrero había ganado otra
prueba, el Clásico Juan Vicente Torrealba, con el caballo Speed Shot, así como la Copa El Gran Sol
2020 también con Sun Cap. Ceballos es
un apasionado del hipismo y de la cría de purasangres. En 2016 dijo haber
cumplido un sueño de niño al ver a uno de sus más portentosos caballos, Majesto, en el derby de Kentucky, una de
las competencias de la Triple Corona estadounidense, aunque en esta ocasión el
animal quedó entre los últimos. Ceballos no solo tiene el Haras Urama en el
estado Yaracuy, en el centrooccidente de Venezuela, sino la compañía Grupo 7C
Racing Stable en Florida, donde también tiene una lujosa mansión valorada en 1,3
millones de dólares cerca del hipódromo de Gulfstream Park.

Con 17 años, uno de
los hijos de Ceballos inició una carrera artística como cantante de reguetón, el
género pop de moda. Esa incursión fue fugaz, pese a los patrocinios familiares.
El dúo Jesús & Yorky, por Jesús Ceballos y Yorky Tovar, despegó con un
sencillo promocional en 2016 producido por el dominicado Jessy Terrero, quien ha
hecho videos para Ricky Martin, Maluma y Jennifer López. El video se grabó entre
Puerto La Cruz y Caracas. Grabaron la película Desafío urbano y se separaron dos años
después. Yorky siguió en la música, Jesús no. Ahora, el hijo de Ceballos, con 22
años, lidera un equipo de fútbol de nivel universitario que lleva por nombre,
por supuesto, Alfamaq FC.

En 2016 el periodista
Carlos Luis Giardinella, quien también es el gerente general del Haras Urama, le
hizo una entrevista a su jefe para el canal deportivo Meridiano Televisión. En la
grabación, Ceballos conduce un paneo por las distintas obras que ha ejecutado
con Alfamaq y otras constructoras familiares, que serían motivo del orgullo
familiar. Entre ellas incluye, además de las ya mencionadas, los 1.540
apartamentos de Colinas de San Francisco de Yare pero con una precisión
particular: no se refiere a ellos como un proyecto aprobado por Hugo Chávez y
ejecutado para el gobierno de Nicolás Maduro y la Gran Misión Vivienda, sino que
los incluye en el listado de obras ejecutadas para “privados”. Solo que en este
caso —algo que no menciona— el privado fue Sarleaf, que también es de su
propiedad.

Por el desembolso que
hizo el Estado en la construcción de Colinas de San Francisco los apartamentos
terminaron costando 86.000 dólares cada uno, el precio que hoy tiene un inmueble
en un municipio de clase media en Caracas. El cálculo del precio del metro
cuadrado y el notable sobreprecio fue subrayado por los “inspectores
socialistas” de Maduro en su informe, pero se quedaron cortos. La propia empresa Alfamaq, en catálogos de obras publicados en su página web, indica que la inversión en este proyecto de viviendas se acercó a los 500 millones de dólares, por lo que el precio de los apartamentos superaría los 300.000 dólares. Pese al precio de construcción,
correspondiente hoy a un segmento superior de mercado, en Yare, la vida
transcurre con carencias, precariedades y limitaciones. Varios de sus
habitantes, golpeados por la hiperinflación y la emergencia humanitaria, han
decidido dejar sus viviendas para emigrar. Para irse, han vendido sus
apartamentos en 3.000 dólares.

“Aquí hay muchos
apartamentos vacíos. Es gente que se ha ido. Algunos los han desvalijado, les
han sacado todo. Dicen que unos los han vendido en dólares. ¿De dónde saca uno
dólares?”, dice Selena Ramírez con un dejo de sorpresa y genuina incomprensión,
mientras va caminando de regreso a su casa con el equipo de Armando.info que la
visitó en marzo, antes de que el país se paralizara por la llegada de la
Covid-19.

Los edificios que
conforman el conjunto habitacional fueron asignados por el gobierno a distintos
perfiles grupales, siguiendo un criterio más o menos reconocible.  El apartamento de Selena queda en planta
baja porque su nieto de 11 años tiene discapacidad motora: no puede moverse ni
hablar y depende de una silla de ruedas. Necesariamente requerían un apartamento
allí, pues los edificios de cinco pisos no tienen ascensor. Las torres están
identificadas según la ocupación de sus habitantes. Así como en un edificio
viven los cultores de los Diablos de Yare, en otro lo hacen los trabajadores de
la empresa china de electrodomésticos Haier, cuya planta cercana debería estar
productiva. Pero no prosperó.

Los guetos siguen para
los policías del municipio, los trabajadores de la fábrica de cemento de la
zona; los que prestan servicio en los autobuses Sitssa, los bomberos y los
trabajadores de Alfamaq, la empresa que construyó el
complejo.

La compañía principal
de la familia Ceballos, que según la información obtenida por el BES también se
dedica a la importación de estructuras de acero para viviendas, no ha dejado de
ganar contratos con el Estado. Uno de los más grandes es la construcción de las
obras civiles del teleférico entre Caracas al pico El Ávila y de allí a La
Guaira. La asignación guarda ciertas similitudes con el manejo de dinero hecho
en Colinas de San Francisco de Yare.

De acuerdo con
documentos vistos por Armando.info, el Fondo para el Desarrollo Nacional
(Fonden) también giró pagos por esta obra a Sarleaf Limited, la empresa familiar
radicada en Londres: casi 27 millones de euros se enviaron entre noviembre y
diciembre de 2014. No se pudo precisar la entidad bancaria que recibió estos
fondos en el exterior, pues para la fecha el Banco Espirito Santo había sido
intervenido y sus activos sanos se habían destinado a una nueva entidad
controlada por el Estado portugués, el Novo Banco. En medio del desmembramiento
del negocio, su sucursal en Miami pasaría a llevar otra marca, Brickell Bank y,
tras ser objeto de varios pretendientes, en 2019 fue adquirido por Banesco
USA, del banquero
venezolano Juan Carlos Escotet.

Sarleaf mantenía
cuentas con otra entidad que también fue cuestionada, el Banco del Orinoco NV
(BDO), propiedad del venezolano Víctor Vargas en Curazao, un paraíso fiscal del
Caribe ex neerlandés.

Tras ser intervenido
por las autoridades de Curazao en septiembre de 2019 y revocada su licencia para
seguir operando, por insolvencia y manejos irregulares, quedaron en evidencia
varios señalamientos sobre ese cuentahabiente. En el extracto dedicado a Sarleaf
en un informe preparado por el Banco Central de Curazao y San Martín, las
autoridades curazoleñas indican que “debido a las sustanciosas transacciones
entrantes y salientes en las cuentas de Sarleaf, se requería que el BDO
investigara más sobre la naturaleza de esas transacciones”, hecho que no
ocurrió. Más allá de este antecedente, Armando.info no pudo precisar si esos
millones de euros que recibieron por la obra del teleférico llegaron hasta
Curazao.

La construcción del
teleférico no es el único frente abierto de Inversiones Alfamaq. En el  Sistema Nacional de Contrataciones
figura la asignación de obras en tres acueductos del país. Con Hidrocapital
ejecuta un plan para recuperar las estaciones de bombeo de los sistemas Tuy I,
II y III, cuya falta de mantenimiento por años somete a un severo racionamiento
del servicio a los habitantes del Distrito Capital, Vargas y Miranda. Con
Hidrocaribe ejecuta el mantenimientos de los sistemas de agua potable y
saneamiento del estado Anzoátegui, y con Hidrolago, en el estado Zulia, ejecuta
la rehabilitación del sistema Tule-Manuelote-Tres Ríos y las estaciones de
bombeo de Maracaibo, la capital de esta entidad. Las tres estaban en fase de
ejecución en 2018 y la más avanzada, la de Hidrolago, alcanzaba el 86%; las
otras dos estaban en fase inicial.

En 2018 Alfamaq
también culminó la rehabilitación y construcción de cinco planteles educativos,
varias canchas deportivas, una iglesia y un centro de salud en el estado
Bolívar, para la canadiense Gold Reserve, que se había restablecido en el sector
de Las Claritas, una de las poblaciones mineras del sur del
estado.

Dos años atrás,
Nicolás Maduro había decretado la creación del llamado Arco Minero del Orinoco y
empezó a entregar concesiones a diestra y siniestra. Gold Reserve vio allí una
oportunidad de volver al terreno, luego de que Hugo Chávez la expulsara en 2009,
cuando dio por finalizada la concesión en medio de su cruzada por la
estatización y control de todos los sectores de la economía. Lo consiguió.

“Si se levantan las sanciones consideraríamos la posibilidad de utilizar de nuevo a Alfamaq como contratista local”

En el ínterin, los
Ceballos habían conseguido una posición en Gold Reserve como accionistas. «Tras
el anuncio del acuerdo de conciliación y asociación con Venezuela en febrero de
2016 (…) Alejandro Ceballos se acercó a Gold Reserve deseando hacer una
inversión en la empresa”, dijo Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, en un
comunicado enviado al equipo de McClatchy-Nuevo Herald, socios del ICIJ y Armando.info en esta
investigación conjunta de los FinCEN Files.

Así, los Ceballos y
sus familiares adquirieron 10% de las acciones de Gold Reserve en mayo de ese
año, lo que significó una inversión de 34 millones de dólares. Meses después, en
agosto, la empresa minera firmaría un acuerdo con el Gobierno venezolano para la
explotación aurífera al sur de Bolívar, una zona conocida por ellos, donde
estuvieron desde 1992 hasta que Chávez los botó.

Esta firma estratégica
con el gobierno de Nicolás Maduro, a pocos meses de haber creado el Arco Minero
del Orinoco, fue motivo de celebración tanto para Gold Reserve como para
Alejandro Ceballos, quien organizó una fiesta a todo dar, en su lujosa mansión
de cuatro pisos ubicada en Alto Hatillo, en las colinas al sureste de Caracas,
con decenas de invitados -entre ellos los socios canadienses-, buena champaña y
habanos.

Las obras que Gold
Reserve solicitó a Alfamaq en el estado Bolívar fueron concluidas en 2018,
aseguró el presidente de la minera canadiense, Doug Belanger, quien defendió el
trabajo de sus accionistas y deslizó que las sanciones impuestas por el
Departamento del Tesoro al gobierno venezolano le han impedido seguir tratando
con sus socios. “Con las sanciones internacionales en vigor, la empresa no ha
llevado a cabo ningún otro proyecto de construcción en la comunidad local
cercana al proyecto minero, pero si se levantan las sanciones y se reanudan los
programas sociales, consideraríamos la posibilidad de utilizar de nuevo a
Alfamaq como contratista local para este trabajo».

(*) Este reportaje
contó con la reportería y apoyo de: Sasha Chavkin (ICIJ), Mariel Fitz Patrick
(Infobae), Kevin Hall (McClatchy), Antonio María Delgado (Nuevo Herald), Leo
Sisti (L’Espresso).