Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en el único parque marino del país, certificado además como uno de los arrecifes más grandes y mejor conservados del Caribe. Las autorizaciones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela, que bajo la “revolución bolivariana” sedienta de dólares los mercadea como destinos de un nuevo turismo cinco estrella.

 

Bajo sus insólitas aguas azul turquesa habita un santuario de fauna marina y una
espectacular barrera de arrecifes coralinos llenos de peces de colores. Más de
300 islas y cayos que conforman el archipiélago revelan en el Parque Nacional de
Los Roques los misterios de una de las fantasías orgánicas más maravillosas del
mundo, reservorio de 307 especies de peces, 92 tipos de aves y cuatro de
tortugas marinas.

A esta clásica postal, referencia obligada cuando se habla de los lugares más únicos y
atractivos de Venezuela, la afea hoy un conjunto de armazones de concreto
revelador de la nueva política de turismo del gobierno venezolano, que hace
énfasis en la promoción de un turismo premium en zonas protegidas. Es tal
la importancia que le da el gobierno a este destino que el pasado 16 de
septiembre autorizó operaciones aéreas nacionales solo en los aeropuertos
Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, Aeropuerto Caracas y en el Aeródromo
El Gran Roque, tras ocho meses de restricción de operaciones en todo el
territorio nacional, debido a las medidas de confinamiento por la Covid-19.

Ocho nuevas estructuras dan la bienvenida a los visitantes cuando estos apenas aterrizan en
la corta pista de aterrizaje de la isla de Gran Roque, la única habitada del
archipiélago, a 176 kilómetros al norte de Caracas. Las llamativas
construcciones son proyectos privados en desarrollo al que la controversia ha
marcado desde su inicio, tanto por la exclusividad y lujo de sus instalaciones
como por la violación evidente de la normativa ambiental que protege al parque
nacional, el único marino del país. 

El presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques) para el momento de inicio del proyecto, Jorge Alejandro
Medina Murillo, pasó por alto, para concederle el permiso, una decena de
regulaciones ambientales y todas las restricciones para el uso de áreas próximas
a aeródromos establecidas en las leyes de aeronáutica civil.

Las edificaciones, de dos pisos y medidas superiores a las dimensiones permitidas en
el Plan de Ordenamiento del vedado, fueron autorizadas por Inparques en la cabecera noreste de la pista de despegue, un
terreno prohibido y peligroso que, en compensación, otorga a los selectos
propietarios el privilegio de un club cerrado, al que solo se accede por vía
marítima.

Las obras, ya adelantadas, destruyeron los manglares en el área para construir los puertos
privados, única forma de acceso a las viviendas, cercadas al norte por la pista
de aterrizaje y al sur con el mar. 

Para vencer las barreras naturales se construyeron espigones o malecones con rellenos de
materiales sólidos arrojados al mar tras cortar y destruir los manglares, hacer
movimientos de arena y relleno de lagunas. “Construir a orilla del mar, talar y
rellenar manglares es un ilícito ambiental”, detalla José Ramón Delgado,
oceanógrafo y director de la Fundación Caribe Sur, una iniciativa que promueve
la creación del Primer Corredor Ecológico Marino de Venezuela, que abarcaría los
archipiélagos de Las Aves, La Orchila y Los Roques. 

Entre los inquilinos de la nueva vecindad destaca Anselmo Orlando Alvarado, padre de
Orlando Alvarado, vicepresidente de finanzas de Derwick Associates, empresa
conocida por obtener contratos millonarios con la estatal Petróleos de Venezuela
en medio de la crisis energética del 2009, de la que algunos de sus propietarios
están siendo investigados por la justicia estadounidense.

Anselmo Orlando Alvarado y los herederos de su socio, José Sosa Rodríguez, son los
propietarios de una concesión de uso y de las bienhechurías de uno de los
módulos donde florecen las nuevas construcciones. Era la sede de un antiguo
hotel, propiedad de la empresa Aero Hotel Los Roques C.A, que atravesó un largo
proceso judicial ante el Juzgado Superior en lo Civil del estado Vargas por las
bienhechurías entregadas en comodato a la empresa Aéreo Club Los Roques en la
década de los ochenta.

El proceso, que se prolongó por más de 30 años, tomó un giro inesperado para los herederos
de José Sosa Rodríguez, dueños de 50% de las acciones. Alvarado presentó en
medio de la disputa un Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
Aero Hotel Los Roques C.A., de fecha 23 de mayo de 1.984, en la que afirmó que
había adquirido la totalidad de las acciones. Agotados por años de disputa, en
el 2010 los herederos de Sosa Rodríguez abandonaron la acción y Alvarado se
coronó como dueño absoluto de la concesión de uso de espacio y de las
bienhechurías, en ruinas para ese momento.

El espacio estuvo abandonado hasta que una nueva política turística del gobierno de Nicolás
Maduro autorizó la explotación de los parques nacionales con el objetivo de
captar divisas en medio de la debacle de la economía venezolana.

El primer registro de ocupación del terreno data de 2017, cuando Alvarado recurrió al
estudio OAC Arquitectura para el diseño de su nuevo proyecto: el Boutique Aero
Hotel, compuesto por diez habitaciones sencillas, dos habitaciones tipo suite,
un área social y de servicios. El proyecto del estudio OAC Arquitectura solo
llegó a la etapa de diseño básico. Aún así, de los ocho módulos concesionados
para desarrollo habitacional, turístico y privado, Alvarado alcanzó a ocupar el
número tres, donde se desarrolla un proyecto turístico: uno de los más
controvertidos por su tamaño y ubicación sobre la orilla de
playa.  

En el módulo contiguo, los hermanos Tadeo y Bernardo Arosio Hobaica desarrollan el
proyecto de una posada de una sola planta que también cuenta con concesión para
operar, otorgada por el Ministerio de Turismo.  De 37 y 35 años
respectivamente, los Arosio tienen cinco empresas en Venezuela dedicadas a
diferentes áreas, con la construcción como su cara más visible. Solo en Caracas,
la capital venezolana, a través de ATB Constructores, C.A., ahora ejecutan las
obras del Hotel La Castellana 901, las Residencias 906 en Loma Linda y 908 en
Las Mercedes, y el Loft 900 en Campo Alegre del municipio
Chacao.

La propuesta arquitectónica del grupo ATB Constructores, C.A. es minimalista y
cuenta “con los más altos estándares de calidad, innovación y confort”, según
reseña su página web. Pero el negocio de los Arosio no se limita a Venezuela, en
el estado de Florida, en Estados Unidos, tienen registradas cinco compañías: AMB
Enclave Investment Llc, The Enclave Lot 10 Llc, Mia 0011 Investments Corp y
Tango Bravo Air Services Corp. En Panamá registraron ATB Holdings Inc, inactiva
desde 2019.

En República Dominicana, la sucursal ATB Constructores RD.1, constituida en julio
de 2019, así como Arosio Constructing Group y Gold Bean, están también dedicadas
al negocio inmobiliario, con la adquisición de inmuebles urbanos o rurales para
su posterior urbanización y construcción.
En Barbados
también registraron más compañías: Financial Engineering Advisors Corp,
Financial Engineering Advisors 2, Corp Hoteles El Mirador Limited, BDC
Investment Inc, Gold Elephant Corporation y World Fashion Group
Ltd.

Al otro extremo de la pista de aterrizaje en el Gran Roque, otro vecino disfruta del
único y primer módulo concluido, el número cinco. Se trata del empresario Julio
Luis Borges Riquezes, amante del windsurf y miembro de la junta directiva del
canal de televisión Televen C.A., además de socio propietario de Stone Fort
Finance A.V.V., una empresa offshore
constituida en Aruba con un capital de un millón de
dólares.  

Borges Riquezes no reside en esta propiedad sino que la usa como enclave de reposo y
refugio para amigos “famosos y poderosos”, según reveló a Armando.info un ex empleado del
empresario. “A esa casa asisten artistas, muchos invitados extranjeros y también
gente poderosa de la política” añadió el entrevistado, que pidió reservar su
identidad. 

Esta propiedad destaca del resto por ser la que aparenta más lujo. También por algo
no tan evidente: es una vivienda autosustentable. La propiedad “no necesita nada
del pueblo, tiene todo para autoabastecerse”, detalla el ex empleado. Borges
Riquezes también posee la concesión del módulo número cuatro, ubicado junto a su
propiedad, donde desarrolla un proyecto turístico. 

Sabina Blohm de Eraso ocupa el anexo B del módulo cinco, que colinda con la propiedad
de Riquezes; Leopoldo Batista posee la concesión del módulo seis y Alberto
Villasmil el anexo B del módulo uno. Pobladores de Los Roques afirman que los
tres tienen concesiones de vieja data -previas a la entrada en vigencia del plan
de ordenamiento y reglamento de uso del parque-, y son los únicos donde
actualmente no se desarrolla ningún proyecto de
ingeniería. 

Junto a la de Alberto Villasmil se ubica la propiedad de Armando El Pelón Capriles, heredero de la familia de editores e inversionistas, a quien se conoce por sus negocios con el
sistema financiero público durante el gobierno de Hugo
Chávez.

La pista de aterrizaje no es lo único que separa las nuevas edificaciones del poblado del
Gran Roque. El tamaño de las viviendas, la calidad de los materiales y la
inclusión de sistemas de suministro de servicios básicos privados marcan la
diferencia, pues estos últimos -electricidad, agua potable- apenas llegan a los
habitantes de la isla.

Las propiedades proyectadas contaran con acceso a electricidad por medio de una
planta eléctrica privada y acceso ilimitado a agua dulce pues cuentan con su
propia planta desalinizadora. El resto de los pobladores del Gran Roque lidian
diariamente con el racionamiento y escasez de estos servicios, cuya capacidad
llegó a tope para surtir  a sus residentes tradicionales, razón por la cual
en Los Roques está prohibido el otorgamiento de nuevas concesiones para
actividades comerciales, turísticas, recreacionales y de
servicios.

El decreto 174 del extinto Ministerio del Ambiente, ratificado en 2013, así lo estableció:
“considerando que el otorgamiento de nuevos contratos de concesión conlleva el
asentamiento de un mayor número de residentes, aumento de visitantes y el
incremento en la demanda de los servicios básicos (…) se suspende el trámite y
otorgamiento de nuevos contratos de concesiones para realizar dentro de la
jurisdicción del Parque Nacional actividades de tipo comercial, turísticas,
recreacional y de servicios”, dice la normativa.

Desde entonces los pobladores de la isla se las arreglan para sobrevivir y sostienen
la infraestructura turística con el limitado suministro de agua dulce que provee
la planta desalinizadora, que funciona de seis de la tarde a doce de la noche,
para aprovechar los períodos del día con menor demanda sobre la planta
eléctrica, también antigua y de escasa capacidad.  La planta desalinizadora
solo puede generar 250.000 litros de agua potable por día.

La ausencia de una infraestructura de acueductos y cloacas agrava la situación sanitaria del
poblado, que en la actualidad alcanza los 3.000 habitantes. La disposición de
aguas domésticas residuales se realiza principalmente a través de pozos
sépticos, lo que suele ocasionar problemas de desbordamiento por efecto de
saturación del suelo (nivel freático) y en muchos casos en el vertimiento
directo y sin tratar en las cristalinas aguas que albergan el extraordinario
ecosistema marino.

Tampoco existe un manejo eficiente de los residuos sólidos, que se juntan y queman en un
vertedero a cielo abierto. Anteriormente los desechos eran clasificados y
transportados a tierra firme por medio de lanchas y gabarras, pero en la
actualidad la basura se acumula en la zona de servicio y los alrededores del
Gran Roque. Este manejo errático de los desechos sólidos ha aumentado, a su vez,
la población de perros callejeros, una situación que ha repercutido en la
higiene del pueblo, que aún conserva sus calles de
arena.  

Para el experto ambiental, Jesús Morales, resulta incomprensible que “los esfuerzos en
Los Roques se concentren en desarrollos habitacionales que privilegian a un
sector muy exclusivo, cuando la capacidad de los espacios disponibles y de los
servicios públicos está colapsada”.

El colapso de los servicios, aunado a las dificultades para el arribo de gasolina y
alimentos, empujó a los pobladores del Gran Roque a protestar con el bloqueo de
la pista de aterrizaje el 14 de noviembre del 2019. En una oportunidad, el
reclamo logró detener un grupo de cuatro camiones de carga que trasladaba
material de construcción para las obras de la lujosa vecindad a orillas de la
pista. “Están molestos porque no llega combustible, no llega nada, pero fijo
llega un transporte de la Armada lleno de camiones para las obras que se están
haciendo al final de la pista” explicó una fuente que pidió reservar su
identidad.

La construcción de estas nuevas obras no sólo desafía toda lógica de preservación
del parque, también va a contravía de su realidad turística, que presenta una
caída sostenida en el número de visitantes de hasta 60%, según fuentes ligadas
al sector, que precisan que ya en 2018 se registró una ocupación en las posadas
inferior al 15%. Por ello, los habitantes de Los Roques se preguntan sobre la
necesidad de estas construcciones cuando el parque ya existe una oferta de 69
posadas con 940 plazas. “La capacidad instalada está siendo subutilizada”
declara un posadero. 

En noviembre de 2018, Nicolás Maduro reveló la nueva y agresiva política turística
de su gobierno para hacer caja. Durante la edición número XIII de la Feria
Internacional de Turismo de Venezuela en el Parque Simón Bolívar, ubicado en los
terrenos de la antigua Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La
Carlota, en Caracas, el mandatario expresó: “El turismo es un motor de divisas
vital para la Agenda Económica Bolivariana, el equipo económico debe tomar el
desarrollo del turismo como elemento central del nuevo modelo económico
diversificado de Venezuela para la creación de riquezas del
país”. 

La nueva orientación reveló una amenaza concreta para los frágiles ecosistemas protegidos
bajo la figura de Parque Nacional: “Para el venidero mes de marzo será instalada
una rueda de negocios con empresarios internacionales para brindar ofertas de
desarrollo turístico integral en Los Roques, Morrocoy, Mochima, Canaima, y La
Isla Tortuga”, añadió Maduro.

Esa intención de captar recursos, en el caso de Los Roques, se cristalizó en octubre
del 2019, cuando una comisión del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior
(Mintur), esa vez bajo la dirección de Félix Plascencia, celebró una mesa de
negocios con inversionistas a quienes invitó “a invertir en la construcción y
operación de alojamientos turísticos de alto nivel”. El encuentro, celebrado en
el Gran Roque, contó con la presencia de funcionarios de Mintur, Inparques,
operadores turísticos ya instalados en el archipiélago y los posibles nuevos
inversionistas.

En la reunión los representantes de Mintur anunciaron que la intención de la cartera
era “otorgar concesiones destinadas a la explotación turística en los cayos
Crasquí, Francisquí (arriba, medio y abajo), Noronquí (arriba, medio y abajo) e
isla Agustín”. 

Entre las propuestas presentadas por los nuevos inversionistas destacaba el proyecto de
una posada boutique de categoría cinco estrellas de la empresa Hotel Kukenan
C.A. El boceto, presentado en febrero de 2019, contempla la construcción de un
campamento de entre 12 y 16 habitaciones a través de un sistema de módulos
independientes de 55 metros cuadrados cada uno, en un área de 2.320 metros
cuadrados, que incluye áreas de servicio y de esparcimiento, en el cayo
Crasquí.

Hotel Kukenan C.A. es una empresa propiedad de la abogada de 39 años Julinne Ramírez
Moreno y de su madre, Ivonne Moreno de Ramírez. Su domicilio fiscal es la zona
industrial de Tumeremo en el municipio Sifontes del estado Bolívar. La empresa
se constituyó en 2013 con un capital de tres millones de bolívares y no cuenta
con experiencia en el ramo turismo a pesar de su nombre; de concretarse, su
primer proyecto sería la posada que busca construir en Crasquí. En su cuenta en
twitter, Hotel  Kukenan C.A. define la propuesta como un “proyecto
turístico (…) apoyado por Mintur, en construcción, fomentando el Turismo en
Venezuela, Arco Minero!  Proyecto nacido en
revolución!”.

La oferta que “gracias a la iniciativa de los organismos competentes, amplía la
posibilidad en el archipiélago para nuevo desarrollo ya no en el Gran Roque sino
en otras islas del archipiélago”, fue acompañada de una solicitud de ocupación
del terreno dirigida a Noel Lugo, para entonces representante del Ministerio de
Turismo y del Territorio Insular Miranda, primo de la ex gobernadora del estado
Falcón, Stella Lugo Betancourt, quien, además, entre 2017 y 2019 ocupó el cargo
de jefa de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio
de Turismo y Comercio Exterior.

Otra propuesta no menos llamativa es el proyecto para el desarrollo de un complejo de
bungalós en el cayo Francisquí, compuesto por 28 unidades: 26 suites, un
restaurante y un espacio para vigilancia privada, algo que fue calificado por
uno de los operadores turísticos asentado hace varios años en el parque, y
asistente a la reunión, como un “nuevo turismo dirigido a un público
exclusivo”.

La propuesta pretende emular la famosa infraestructura de bungalós de la pequeña
isla de Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Su promotor, Víctor Manuel Martins
Alfaiate, ya cuenta en Francisquí con un rancho de palafitos para uso personal,
que levantó tras adquirir la vieja infraestructura de una escuela de kite vela.

El empresario de origen portugués, que comenzó
hace más de veinte años con dos pequeños hoteles en las islas de Margarita y
Coche, hoy opera a través de la Cadena Paradise cuatro hoteles en Margarita, uno
en la isla de Coche, una posada en el Archipiélago de Los Roques y dos hoteles
de la red Venetur: Puerto La Cruz y Cumaná, todos en el oriente del país. Los
negocios de Martins Alfaiate en los Roques incluyen la posada Tsunami, una de
las más grandes y lujosas del archipiélago, promocionada en los catálogos de
oferta turística distribuidos por el Ministerio de Turismo. Además, es dueño de
la escuela de buceo Arrecife Diver’s, una de las más reputadas del
país. 

El Plan de Ordenamiento del parque ubica los cayos Francisquí y Crasquí -dos de los más
frecuentados por turistas en la actualidad- dentro de la zona de servicio y
recreación, donde solo permite la instalación de infraestructura de apoyo para
actividades recreativas y turísticas, y prohíbe la pernocta y nuevas
construcciones. Sin embargo, el Ministerio de Turismo ofreció tres lotes de
terrenos para construir alojamientos exclusivos cinco estrellas en ambos
cayos.

Aunque el “Bora Bora venezolano” todavía es un proyecto sin ejecutar, ya es publicitado
por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. En la edición de su revista
institucional Viajes Venetur, Número
3, de junio de 2020, el ente publicó un amplio reportaje acompañado por una
fotografía de fondo del complejo de bungalós.

Ecosocialismo: poco eco, nada de socialismo

“Los técnicos de Inparques que participaron en esa reunión salieron espantados y se
negaron a avalar la propuesta de concesionar los cayos. Después de eso, el
ingeniero José Duran, el técnico más antiguo en el Parque Nacional Los Roques,
con cerca de 18 años de servicio, fue removido de su cargo”, cuenta la
presidenta del Sindicato del Instituto Nacional de Parques Nacionales, Marlene
Sifontes.

Sifontes relata que el quiebre institucional de Inparques comenzó en 2011 con la
designación de Marisabela Godoy Peña y Carlos Cova, como presidenta y director
general, respectivamente, de la institución. “Ellos llegaron con la política de
construir en los parques nacionales y su primer gran ‘aporte’ fue aprobar la
construcción de 80 viviendas en el área de servicio del Parque Nacional Los
Médanos de Coro”.

En opinión de la dirigente sindical, la penetración política de la institución tuvo su
momento cúspide cuando Godoy Peña incorporó al Frente Francisco de Miranda a la
conducción de la política ambiental del ente en 2011. El Frente Francisco de
Miranda, una organización política creada en La Habana por Hugo Chávez y Fidel
Castro, destinada a “incorporar a la población, actores sociales sólidos y
efervescentes necesarios en los procesos profundos de cambios”, es conocido como
un brazo político y operativo de la autodenominada Revolución
Bolivariana.

“De ahí en adelante la opinión de los técnicos era un estorbo”, dice Sifontes, quien
explica que en paralelo ocurrió el desmantelamiento de la institución ambiental
con la fusión del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Hábitat
en el año 2014; luego, la supresión del Ministerio de Vivienda, Hábitat y
Ecosocialismo y la posterior creación de los ministerios de Ecosocialismo y
Aguas y el Ministerio para Hábitat y Vivienda en el año
2015.

En noviembre de 2014, Maduro creó el Órgano Superior para el Manejo Integral del
Sistema Nacional de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, adscrito
directamente a la Presidencia de la República y presidido por el ministro de
Turismo. Una de las instituciones integrantes es Inparques, cuya labor quedó a
merced del Ministerio de Turismo. 

El entonces ministro de esa cartera, Andrés Izarra, señaló para la fecha que el Órgano
Superior era un mecanismo creado “para que nuestros parques nacionales, en el
marco del ecosocialismo, sean espacios de aporte para el desarrollo de la vida
humana, sean espacios de sustentabilidad económica para el turismo, para las
viviendas, para la agricultura, para todas las actividades que sustentan la
actividad humana en el marco del socialismo”.

Izarra perfilaba entonces lo que el ex Senador y ambientalista Alexander Luzardo ha
calificado como la “nueva geopolítica nacional”, un concepto introducido en el
Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación o Plan
Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013, que impulsa un modelo de ordenación
territorial que no cumple con las premisas del desarrollo
sustentable.

“La geopolítica del chavismo es de una visión expansiva y desarrollista que mira los
parques nacionales no desde su valor biológico e investigativo, sino como
estructuras vacías y un obstáculo para el desarrollo. Lo estamos viendo con esta
nueva política de desarrollo turístico en los parques nacionales, se trata de
una repartición del territorio entre grupos de poder. Los que no entraron en el
negocio del oro, del petróleo, van por el turismo”, explica Luzardo, quien fue
co-redactor del capítulo sobre derechos ambientales de la vigente Constitución
Nacional.

La “nueva geopolítica” que describe Luzardo generó un sismo en Los Roques. El 30 de junio
de 2014 el Gobierno ordenó la salida de los científicos e investigadores de la
Fundación Científica Los Roques, dedicada desde 1963 a la investigación,
conservación, difusión y educación en aspectos vinculados al archipiélago Los
Roques, sus recursos, uso sustentable y conservación. Sin ninguna explicación,
el gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de
Agricultura y Tierras emitió una resolución en la Gaceta Oficial 40.443, para revocar la
autorización que obtuvo la organización ecológica de manera oficial en el año
1967.

En un comunicado divulgado en 2019, tras la celebración de la rueda de negocios en Los
Roques, 162 ambientalistas e investigadores advirtieron sobre el inminente
impacto de estas construcciones. “Nos preocupa la indiferencia de los órganos
rectores en materia ambiental, como el Ministerio de Ambiente e Inparques ante
la actuación de autoridades nacionales y locales que ejecutan proyectos
habitacionales y turísticos de alto impacto negativo en las áreas naturales
protegidas y/o de alta fragilidad”.

Armando.info envió solicitudes de entrevista e información a las autoridades de estas carteras, incluyendo el Ministerio de Ecosocialismo y
Hábitat, pero obtuvo la misma respuesta que los conservacionistas, silencio
absoluto.

(*) Este reportaje contó con la contribución de Aníbal Pedrique.

 

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  • Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.

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Fuente: ArmandoInfo