Una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos, delitos tipificados en las leyes venezolanas y norteamericanas durante los años 2004 a 2014 en Pdvsa fue la conclusión de las investigaciones realizadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2016.

En ese entonces, los resultados de la investigación revelaron una afectación al patrimonio público nacional, “por motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Pdvsa por USD 11.271 millones”.

El expediente número 1.648 de la Comisión de Contraloría detalla cada uno de los delitos y los casos que se investigaron, y contenía declaraciones de representantes de la empresa auditora KPMG en varias interpelaciones; cuestionarios a contratistas involucrados en los casos, copias fotostáticas de facturas, contratos y órdenes de compra; copias de correos entre involucrados internos y externos; copia de memoranda confidenciales de Pdvsa y copias certificadas de documentos en los que constan las transferencias involucradas en las irregularidades.

Entre los principales casos destacan el plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012, el desvío de los recursos para el mantenimiento de la refinería Amuay, la contratación irregular de la gabarra Aban Pearl, el Fondo de Pensiones, los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de Pdvsa en el Banco Espírito Santo de Portugal y las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas del Banco de Andorra.

Un total de 22 delitos e irregularidades se asentó en el informe de la AN, que tomó en cuenta investigaciones reportadas por la Contraloría General de la República, en expedientes y juicios ejecutados en EE UU, informes anteriores del Parlamento, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e investigaciones propias de la Comisión de Contraloría presidida en ese entonces por el diputado Freddy Guevara.

“Este sería el caso de corrupción más grande de la historia de Venezuela”, afirmó Guevara, durante la presentación del informe en febrero de 2016, a la que aportó 10 cajas que contenían las presuntas pruebas.

En las conclusiones asentadas en el expediente resaltó la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de Pdvsa, presidida por Rafael Ramírez entre los años 2004 a 2014, en cuya gestión ocurrieron en las irregularidades, así como la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados. Entre otros directores, vicepresidentes y gerentes mencionados en la investigación destacan Eulogio Del Pino, Luis Pulido, Luis Felipe Vierma Pérez, Eudomario Carruyo y José Luis Ramos.

El informe también recomendó declarar la responsabilidad política de Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez y quien ocupó diversos cargos en Pdvsa, de Javier Alvarado, expresidente de Bariven, brazo de procura de la petrolera estatal y, Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica.

Durante el desarrollo de la investigación, la AN solicitó la comparecencia de varios funcionarios de la industria petrolera, pero ninguno asistió.

A pesar de que la Contraloría General actuó en algunos hechos, el TSJ decidió en noviembre de 2016, mediante sentencia Nro. 893 de la Sala Constitucional, que Rafael Ramírez estaba exento de investigaciones y dejó sin efecto la indagación de la Asamblea Nacional en la que se denunció la malversación de más de USD 11.000 millones en la petrolera estatal. En esa época, el funcionario aún no había roto formalmente con la administración de Maduro, pero en los meses subsiguientes, cuando el exfuncionario empezó a criticar al régimen, la justicia “madurista” cambió.

Fuente: | Transparencia Venezuela