Persecución política y violación de la libertad de expresión se conjugan en el fallo del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro que ordena al diario El Nacional el pago de una multa de 13,3 millones de dólares a su diputado socialista Diosdado Cabello alegando “daño moral”.
La sentencia emitida por la Sala de Casación Civil acabará con 77 años de trayectoria comunicacional de un medio crítico, porque el monto estipulado para la “indemnización” del parlamentario sancionado por Estados Unidos es “impagable” asegura Miguel Henrique Otero, director del medio.
“Van a embargar”. Ese es el objetivo. Tomarán el edificio, las máquinas, todo lo que está ahí y se lo entregarán en compensación a Diosdado Cabello afirma Otero, quien además solicitó una aclaratoria al TSJ por considerar que el monto impuesto corresponde a una “cantidad que nunca fuera demandada ni manejada dentro de juicio alguno en una causa que se encontraba firme desde octubre del 2018 y que sin causa alguna imputable al demandado no se había podido honrar por no haberse señalado el monto que en definitiva se debía pagar”.
A Cabello no le importa. Él ya tiene planes y entregará la sede de El Nacional para que funcione una universidad de la comunicación afecta a la dictadura después de sus deseos frustrados de doblegar la línea editorial de El Nacional con atropellos y amenazas.
Demanda irónica
Expropiar es el camino del chavismo tras su inútil plan de comprar la empresa con fondos públicos y para ello se valió de una demanda por difamación que interpuso en 2015 Cabello contra El Nacional por “daños graves” a su imagen luego de que el medio venezolano publicara un reportaje del diario español de ABC donde se revelaban sus nexos con el narcotráfico.
Seis años después el TSJ lo favorece pese a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa por “tráfico de drogas, lavado de dinero, apropiación de fondos estatales y otras actividades de corrupción» y lo tiene en su lista negra desde 2017.
Es un “grave atropello” denuncian una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Desde la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) señalaron que “ante los fallidos intentos por acallar a un medio como El Nacional, se recurre a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen para infligirle un grave daño económico” y la decisión “sesgada” del “ilegítimo TSJ se origina en un juicio penal por difamación, que nunca avanzó”.
Los exmandatarios firmantes, entre ellos el español José María Aznar, el argentino Mauricio Macri y el colombiano Álvaro Uribe, solicitaron la intervención de las distintas instancias de derechos humanos y de protección de la libertad de prensa internacionales.
Pastrana compartió el llamado. Junto a él también se manifestaron un sinfín de personalidades entre ellos, el cantante Ricardo Montaner y el embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, calificó de “venganza” lo ocurrido mientras que la Asamblea Nacional legítima confirma que «informar no es delito».
Desde la #ANLegítima rechazamos la sentencia del írrito TSJ de la dictadura en contra del diario @ElNacionalWeb.
Nos solidarizamos con su directiva, periodistas y trabajadores.
¡Informar no es un delito!#NoALaSentenciaRojaContraElNacional pic.twitter.com/ZVEElxbo6d
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 18, 2021
Condenamos la vil persecución al @ElNacionalWeb y a su director @miguelhotero orquestada por Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles. Ese asalto a la libertad de expresión es un paso de la Narcodictadura para silenciar aún más los derechos democráticos en #Venezuela.
— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 17, 2021
El tribunal cómplice de la dictadura condena a @ElNacionalWeb a pagar aproximadamente 13 millones de dólares a Diosdado Cabello por “daño moral”, como consecuencia de un reporte fiel de un artículo original del @abc_es. pic.twitter.com/1E2xtA3RoN
— Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) April 17, 2021
Solidaridad generalizada
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el hecho pero afirma que “no sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político y se continúa una campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”, resaltó su presidente el hondureño Jorge Canahuati.
Se repite la historia del periódico El Universo en Ecuador, cuando en 2011 fue sentenciado a pagar 40 millones de dólares y a tres años de prisión a sus directivos y un columnista, tras una demanda por injurias presentada por el entonces presidente socialista Rafael Correa.
Ya el año pintaba mal para los medios en Venezuela. En enero, el régimen retomó la opresión y confiscó los equipos de transmisión, cámaras y computadoras del canal digital Venezolanos por la Información (VPI TV ) con el evidente propósito de limitar la divulgación de contenido que no le es favorable.
Sus funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ejecutan las medidas sin órdenes judiciales y con esas prácticas se documentaron 454 violaciones a la libertad de expresión el año pasado, relacionadas con hechos de violencia contra trabajadores de los medios. Estas cifras, que incluyen tres muertes.
La situación es crítica y lamentable al recordar que en la última década —según Espacio Público— las violaciones a la libertad de expresión crecieron 911 %, la intimidación un 308 %, las agresiones 230 % y las amenazas 600 %.
Y tan solo entre 2018 y 2020 los venezolanos perdieron 31 emisoras de radio, 4 canales de TV y 43 periódicos. Los casos no terminan. La diferencia es que del otro lado está Cabello de forma impune «con el mazo dando».
Fuente: PanAmPost
