El caso del colombiano Álex Saab, a quien se señala como testaferro del dictador Nicolás Maduro y fue detenido desde junio del año pasado en Cabo Verde, por liderar una presunta trama de corrupción por más de 350 millones de dólares, tiene a un nuevo defensor: el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab.
Después de un año en silencio, el funcionario atribuye a “saña e infamia” la detención del barranquillero para “atacar a la institucionalidad venezolana”. Así lo afirma en un audio publicado en el canal de YouTube del periodista Darvinson Rojas.
A su juicio, “pretenden presentarlo como el trofeo de una guerra, ya no de cuarta, sino de quinta o sexta generación, en donde a personas que pudieran ser de una manera se presentan de otra para criminalizarlas”, en alusión directa a Estados Unidos, sin mencionarlo.
Declaraciones con estrategia
El audio se divulga después de que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitara información sobre el expediente de Saab y ordenara la suspensión de su extradición a Estados Unidos. Una táctica que se interpretó como un evidente acto de rendición ante la dictadura chavista.
En la comunicación oficial firmada por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan, se pide a Cabo Verde, como Estado parte, que adopte además las medidas necesarias para «garantizar el acceso a atención médica adecuada».
Con la ONU de su lado, el fiscal designado por la írrita Asamblea del régimen atribuye “al poder de las redes” servir de “laboratorio” con el objetivo de impulsar “una campaña para terminar con sancionados en listas del poder mundial”.
Intenciones escondidas
«Penalizar y buscar el linchamiento moral” de quienes conforman el entorno de Maduro es la intención del caso para Tarek William Saab, quien califica como un “secuestro» la detención. Sin miramientos, alega que existe «un fuero diplomático” —sin precisar que este fue otorgado seis meses después de estar arrestado— y de que además a Saab lo tachan de ser un eslabón clave en los acuerdos secretos entre Maduro y Turquía, Rusia e Irán.
En el mismo audio admite que “hacía muchísimas actividades”, pero “totalmente lícitas en pro de la adquisición de medicinas, alimentos, entre otras. En medio de una de esas actividades, fue detenido de manera ilegal»,
Sobre el proceso judicial en Cabo Verde, el fiscal chavista Tarek William Saab considera que las autoridades africanas «violan el derecho a la defensa y al debido proceso». Curiosamente, esta es una postura que contrasta con la medida cautelar que permitió al presunto testaferro de Maduro cumplir con prisión domiciliaria en un resort playero llamado Vila Verde, rodeado de villas, centro comercial luego de seis meses de reclusión en el penitenciario Terra Boa, reseña Infobae.
Alegatos en alza
La voz del fiscal designado por el régimen chavista es la primera que defiende a Saab, más allá del canciller Jorge Arreaza. Estratégicamente la alza luego de las declaraciones del presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, quien advirtió la semana pasada que él no frenará la extradición del colombiano, dejando la decisión en manos al sistema judicial.
Lo llamativo es que el funcionario irrumpe con su postura al girar también su versión de los tres delitos más escandalosos contra opositores cometidos por los agentes del Estado. Las víctimas son: el capitán Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y el estudiante Juan Pablo Pernalete.
El caso del joven Pernalete, muerto por el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena, evidenció la ruptura de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz con el régimen de Maduro.
Sin embargo, a pesar de que este vocero del régimen reconoce que todos fallecieron a manos de funcionarios bajo el mando de Maduro, no hay certeza sobre la detención de todos los involucrados.
Existe algo más grave aún; en el caso de Albán, cuyo cuerpo cayó de un piso diez del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), se tipificó el delito de “homicidio culposo”, es decir; a pesar de que su cuerpo evidenció torturas, no querían asesinarlo.
Lo de ahora es un intento de equilibro institucional. Está claro. Mientras tanto, el equipo de la defensa del colombiano Álex Saab, encabezado por el exjuez español, Baltazar Garzón, espera que la Corte Constitucional de Cabo Verde se pronuncie en los próximos días sobre la apelación a la orden de extradición autorizada previamente.
Sus abogados insisten en que aún cuentan con “recursos adicionales”, en caso de que la decisión de la Corte Constitucional sea adversa a su cliente, quien es solicitado por la Fiscalía Federal del Sur de Florida bajo acusaciones de corrupción y de lavado de dinero.
Fuente: PanAmPost
